El juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa ha iniciado los trámites para embargar bienes y sociedades del empresario, y hasta la pasada semana administrador de Grupo Playa Sol, Fernando Ferré, por valor de 80 millones de euros, según la fianza de responsabilidad civil interpuesta.
Según el mismo abogado del empresario, Gabriel Garcías, el plazo para presentar el valor de la fianza finalizó 24 horas después de su dictamen. «Como no se podían pagar, supongo que se emitirá oficio al Registro de la Propiedad para embargar propiedades y sociedades», señaló Garcías, aunque aseguró que desconocía si ya se había empezado el trámite, «porque no nos avisan», indicó.
Asimismo, Garcías, que ayer viajó a Eivissa para visitar a su cliente, indicó que aún no le han contestado los recursos presentados contra el auto de prisión y la fianza. El letrado ha interpuesto dos recursos de reforma ante el mismo Juzgado número 4 y de forma subsidiaria de apelación ante la Audiencia. La defensa del empresario Fernando Ferré sostiene que debido a la edad y al estado de salud de su patrocinado no existen riegos de que pueda sustraerse de la acción judicial. Además, el recurso de la fianza civil solicita que no se le embarguen todos los bienes sino únicamente aquellos que cubra el valor del fraude presuntamente cometido, valorado en 14 millones de euros.
Los sindicatos
Los sindicatos, por su parte, anunciaron ayer la posibilidad de personarse a la causa como acusación particular. Desde CCOO y UGT explicaron que están valorando los hechos para sumarse al proceso judicial.
En cuanto al estado de los trabajadores, el responsable de la Federación de Hostelería de UGT, Fernando Fernández, explicó que a lo largo de esta semana observarán cómo transcurren las cosas. «Esperaremos a ver si se pagan las nóminas de mayo a lo largo de estos días y si no convocaremos una nueva asamblea de trabajadores a finales de la semana», indicó. Felipe Zarco, secretario de CCOO, explicó por su parte que tras la petición del nuevo administrador, Javier Perelló, solicitando calma y tranquilidad, «aguantaremos hasta el ecuador del mes para ver si hacen frente a las deudas y las nóminas de los trabajadores», explicó.
Por otra parte, el nuevo administrador judicial emplazó a los proveedores a cobrar las deudas, la mayoría de ellas se remontan al mes de agosto del pasado año, a lo largo del día de hoy. En la reunión mantenida la pasada semana, Perelló reclamó a los empresarios que continuasen suministrando a los hoteles para poder hacer frente a la acogida de los turistas en los cerca de 60 hoteles de la cadena empresarial.
Cinco expedientes abiertos en Sant Josep y Sant Antoni
Tanto el Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia como el de Sant Antoni cuentan con varios expedientes de infracción relacionados con diferentes establecimientos del Grupo Playa Sol. En el caso de Sant Josep, el pasado mes de abril, y tras denuncias vecinales, se decretó la paralización de unas obras en el Hotel Riviera, en Cala de Bou, que no contaban con la licencia correspondiente. Al parecer, el empresario estaba realizando obras en el sótano con el fin de adecuarlo como estancias de descanso. El empresario, que desoyó la instrucción del consistorio, vio como el pasado 26 de abril se precintaban las obras.
El Ayuntamiento de Sant Antoni, por su parte, también cuenta con varios expedientes abiertos por infracción urbanística. En concreto se ha paralizado unas obras en la Plaza España, en concreto en el edificio Montemar, donde a pesar de solicitar una licencia de obra menor, el empresario se dedicó a la reforma y construcción de viviendas. Además, también instaló una caseta de obra, destinada al alquiler de vehículos junto al hotel Marco Polo tal y como ya adelantó este periódico, que no cuenta con ningún tipo de licencia. Desde el Ayuntamiento no se le ha concedido la autorización y han reclamado su retirada. Por último, GPS también cuenta en este consistorio con un tercer expediente referido a la instalación de unos carteles publicitarios de grandes dimensiones en el hotel Piscis Park.