La que ayer iba a ser la última sesión del juicio por el vertido de la gasolinera de Santa Gertrudis se convirtió en la penúltima, ya que la vista quedó suspendida hasta el próximo miércoles por la tarde a petición de las defensas en vista de que el Ministerio Público modificó sus conclusiones y presentó delitos y penas alternativas para tres de los cuatro acusados: el propietario de la gasolinera y las dos apoderadas.
En cuanto al arquitecto que firmó el final de obra, el Ministerio Público rebajó su petición de cuatro años de prisión por un delito doloso o intencionado contra los recursos naturales y el medio ambiente a tres meses por el mismo tipo penal pero cometido por imprudencia grave, un castigo que se sustituiría por una multa de 4.800 euros.
El propietario de la gasolinera y las dos apoderadas continúan acusados por la fiscal por sendos delitos dolosos contra los recursos naturales y el medio ambiente, por los que se les piden cuatro años de cárcel para cada uno, pero el ministerio público presentó ayer la alternativa de que en caso de que la juez, Martina Rodríguez, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, rechace el delito doloso tenga en cuenta la posibilidad de condenarlos por imprudencia grave, por lo que, para este caso, se reclaman cinco meses de prisión.
Por esta razón, los abogados de la defensa pidieron tiempo a la juez para preparar nuevas argumentaciones.
Siete meses de espera
Ayer por la mañana declararon ante la juez numerosos peritos de parte, algunos de los cuales trataron de explicar por qué se produjo el vertido, otros hasta qué punto el vertido representa un peligro para la salud y otros cómo se han hecho las valoraciones económicas de los daños sufridos por los perjudicados.
También testificó el administrador de la constructora que hizo la obra civil e instaló los depósitos de combustible. Éste, como ya hizo su aparejador el miércoles, aseguró que los responsables de la gasolinera estaban informados, y dieron su aprobación, de que los tanques que se iban a instalar no eran de acero sino de fibra. El administrador de la constructora declaró que cuando dijo a los dueños de la estación de servicio que para instalar los contenedores de acero que marcaba el proyecto había que esperar siete meses, ellos le pidieron que buscara una alternativa, porque había «prisa», puesto que «la gasolinera ya debería estar abierta». «Imaginen si tenían prisa», dijo el administrador a los presentes en la sala, «que abrieron la gasolinera al público con un generador de electricidad».
Por su parte, el ingeniero técnico industrial que desmontó la gasolinera y los depósitos explicó que cuando retiró la tapa de hormigón de los mismos estos saltaron hacia arriba por el empuje del agua, ya que el nivel freático se había elevado y mantenía los tanques bajo una gran presión. «Sufrieron presiones que los deformaron y la arena [que los recubría] ocupó esas deformidades, que hicieron esfuerzo hasta romperlo de forma violenta, y sospecho que de un solo golpe», señaló el perito.
Por su parte, una técnico de la Conselleria de Sanitat aseguró que las aguas contaminadas con gasolina sin plomo superaban miles de veces los parámetros permitidos y que no son en ningún caso aptas para el consumo humano. Incluso su inhalación puede causar daños graves, dijo.
En busca de las responsabilidades civiles y penales
Después de tres días de juicio, lo único que se sabe con certeza es que en 2002 se produjo un gran vertido de gasolina sin plomo con origen en la estación de servicio de Santa Gertrudis que contaminó pozos en tres hectáreas y que ocurrió porque los tanques se instalaron sin tener en cuenta que el nivel freático en la zona es variable. Quién o quiénes son los responsables del mayor desastre de este tipo ocurrido en Balears es la gran incóginita que debe despejar la juez. En el banquillo, el dueño, las dos apoderadas y el arquitecto que firmó el fin de obra, pero ellos apuntan a los constructores. Aceptan la responsabilidad civil, pero no la penal. Quienes instalaron los depósitos se lavan las manos y señalan a la propiedad, que según ellos estuvo en todo momento informada de los cambios en el proyecto y no sólo dio su aprobación, sino que conminó a los constructores a que hicieran lo que fuera necesario con tal de abrir al público cuanto antes. Para colmo, nadie se pone de acuerdo en qué normas se habían de seguir en 2002 a la hora de instalar depósitos de fibra de doble capa, porque la única normativa que había en ese momento era sólo un proyecto que ni siquiera llegó a materializarse.