El Ayuntamiento de Eivissa ha llegado a la conclusión de que sólo tres de las catorce familias que residen en las 44 infraviviendas a expropiar en las calles Alt y Retir de sa Penya tienen derecho a realojo.
Se trata de dos propietarios y un inquilino que, según el concejal de Vivienda y Núcleo Histórico, Marc Costa, tienen derecho a una indemnización o a una nueva ubicación, cuyo alcance determinarán los servicios jurídicos municipales.
En este sentido, el concejal detalló que los dos propietarios sumarán a su indemnización por ser expropiados el derecho a realojo, mientras que el inquilino deberá ser indemnizado «por el hecho de tener que moverse de allí».
En cuanto al resto de las personas que ocupan estas infraviviendas (en total suman medio centenar de moradores en toda la manzana) no pueden demostrar una relación formal con la propiedad por su condición de moradores ilegales, por lo que deberán abandonar las infraviviendas cuando se ejecute la expropiación sin ningún tipo de derechos.
Servicios sociales
En este sentido, el concejal de Bienestar Social, Enrique Sánchez, recordó que la expropiación de esta zona de sa Penya, la más conflictiva del municipio, se realiza en colaboración con los servicios sociales. Según explicó, «esta gente, en su gran mayoría, ya está siendo atendida» y, en el momento de tener que abandonar las viviendas, tendrá un «acompañamiento» en función de las necesidades «particulares de cada caso». «El proceso de intervención de los servicios sociales ni se inicia ni se termina con lo que pase con esta barriada», indicó, y remarcó que la atención tiene «tantas posibilidades como realidades» hay en sa Penya. «Por ejemplo, una persona con necesidades físicas o por edad puede entrar en una residencia, y sólo hay que hacer ese trámite», detalló.
Cabe recordar que la manzana a expropiar es la zona más problemática del barrio, tanto por su estado ruinoso como por sus conflictos sociales, debido a que allí se detectan los principales problemas de tráfico de drogas y de marginalidad.
Pocas alegaciones al expediente
Según Marc Costa, durante esta «fase de investigación» en la que se ha determinado quién tiene derecho a realojo, sólo se han recibido tres alegaciones destinadas a dar cuenta de la existencia del único inquilino formal o sobre la dimensión de las viviendas. En este sentido, explicó que ahora se inicia la fase destinada a acordar el justiprecio con los propietarios, que después deberá ser aprobado por el Consell para que el Consistorio pueda proceder a la ocupación de los viviendas.