L. A.
El concejal de Hacienda de Vila, Santiago Pizarro, anunció ayer la rescisión del contrato con la adjudicataria de la contrata de zona azul, Park Control 2000 S.L, y la nueva licitación del servicio para el mes de septiembre.
Pizarro explicó que el Consistorio ha recibido el «dictamen favorable» del Consell Consultiu de Balears para la resolución del contrato. El motivo es el «incumplimiento de obligaciones contractuales esenciales» por parte de la empresa, como es la deuda del canon fijo que Park Control debe abonar al Consistorio y que ascendía más de medio millón de euros hasta que la empresa fue intervenida en marzo (ver apoyo).
Según detalló Pizarro, como consecuencia del dictamen del Consell Consultiu la junta de gobierno local adoptó una serie de acuerdos, entre los cuales está la obligación de Park Control de continuar con la prestación del servicio «por razones de interés público el tiempo mínimo necesario hasta el inicio de la prestación por una nueva contratista». También se acordó la confiscación de la garantía definitiva presentada por la entidad (alrededor de 25.000 euros), y que se inicie «con carácter de urgencia» un nuevo expediente de contratación de la gestión del servicio público. Además, el Consistorio ha encargado a los servicios económicos el inicio de los expedientes de liquidación de los contratos, que supone calcular «todo lo que la concesionaria puede deber al Ayuntamiento, todo lo que el Ayuntamiento debe restituir a la concesionaria», indicó. En este sentido detalló que se debe evaluar el estado de la amortización de la maquinaria, entre otras cuestiones para «ver lo que hay a favor del Ayuntamiento y ver lo que hay a favor de la empresa». «Damos 'cuasi' por cerrado el tema de Park Control», agregó antes de descartar que el Consistorio pueda verse afectado en la rescisión de la adjudicación. «Por el contrario, el Ayuntamiento tendrá que cobrar todo lo que se le debe de aquí para atrás o lo que puede deber de aquí a que termine el contrato», afirmó.
Por último, Pizarro aseguró que la resolución contractual «no afecta en nada a los usuarios» y que «las tarifas seguirán siendo las mismas». Asimismo, indicó que el personal de la empresa será subrogado por la nueva contrata.
La empresa aún debe 400.000 euros