Desde que la ordenanza de fachadas de Sant Antoni entró en vigor en octubre de 2008, el Consistorio ha cursado 103 requerimientos para que los propietarios acometan mejoras en sus inmuebles. Desde entonces, se han cumplido 51 órdenes de ejecución por cuestiones estéticas, otras por seguridad y una sola obra se llevó a cabo de forma subsidiaria «porque revestía peligrosidad» y no era posible dar con los propietarios.
Según la concejala de Urbanismo, Josefa Costa, las órdenes de ejecución para fachadas que revisten peligro «son inmediatas» y suelen ser por caídas de cascotes de balcones en mal estado. «De estas órdenes de ejecución que hemos hecho porque revisten un peligro para los viandantes se han ejecutado todas. Estas sí que somos más duros y las tienen que hacer inmediatamente», destacó.
Costa detalló que los requerimientos cursados en 2008 para fachadas por motivos de imagen sumaron 38, de las que 22 fueron ejecutadas. En 2009 se cursaron otras 28 órdenes de ejecución de las cuáles se cumplieron 17 mientras otras cinco están en trámites. Y, por último, hasta el momento, en 2010 se han cursado 37 órdenes de ejecución de las cuáles 12 han sido ejecutadas y 22 están en trámite. Al resto, según la concejala, se les ha enviado un nuevo requerimiento con un segundo plazo y, en caso de incumplirse, se iniciarán los procedimientos sancionadores.
«Hasta ahora la gente está respondiendo muy bien y lo que nos permite esta ordenanza es abrir expedientes sancionadores para aquellos que no respondan», destacó Costa, que indicó que la principal problemática que tiene el Consistorio es «encontrar los verdaderos propietarios de los inmuebles» cuando son edificios muy antiguos.
En este sentido, destacó que el Consistorio actúa de forma subsidiaria «como último recurso». «Sólo lo acometemos si reviste peligro porque no podemos ejecutar por norma de forma subsidiaria porque es un desembolso. Primero agotamos las vías, hacemos hasta trabajos de investigación para encontrar a los propietarios», concluyó.
Inciativas de demolición
Según explicó la concejala de Urbanismo, Josefa Costa, algunos propietarios, al ser requeridos por el Consistorio para que arreglen sus fachadas, piden un plazo más largo porque directamente prevén demoler el inmueble. Esto ocurre con un edificio ubicado en la calle Ramón y Cajal (junto al Espai Jove), cuya propiedad prevé construir un nuevo edificio. Por otra parte, Costa destacó que muchos arreglos de fachadas se retrasan porque las comunidades de propietarios «tardan un año en juntar el dinero desde el requerimiento».