Los representantes de las patronales y asociaciones más importantes de la Isla se unieron ayer para exigir al Consell d'Eivissa la paralización y suspensión de la tramitación de la modificación del Plan Territorial. Asimismo, reclamaron a creación de un foro para debatir el modelo territorial de Eivissa: «Un simple cambio de gobierno no puede implicar una modificación del plan territorial», apuntó el presidente de la Asociación de Constructores de la Pimeef, Juan Andrés Roig. «Si se quiere hacer algo, que se consensúe, se hable o se haga uno nuevo, pero que nos vaya bien a todos que creo que es posible», añadió el presidente de la Cambra de Comerç, Vicente Torres.
Entre las críticas vertidas ayer, las patronales denunciaron que, en ningún caso, es una modificación consensuada y aseguraron que a ellos sólo se les llamó «para una reunión informativa en la que no se nos proporcionó ningún documento y, simplemente, nos dieron cuatro pinceladas», añadió Roig, que aseguró que hablar de consenso es «un poco descarado porque no hay ni con los vecinos ni con los ayuntamientos».
Con alevosía
Otra de las críticas vertidas fue la «alevosía y para engañar a la gente» con la que, dicen, han actuado los responsables del equipo de gobierno. En esta línea criticaron que lo sacaron a la luz pública en agosto, «cuando todos estamos de vacaciones», y, además, el informe de impacto ambiental no apareció en la página web hasta principios de septiembre: «Consideramos que queriendo o no, se ha ocultado una información».
En esta línea, y según el presidente de los constructores, esta modificación del PTE es el primer paso para que en un plazo medio «se prohiba la edificación en suelo rústico». «La pregunta es si la sociedad ibicenca está preparada para asumir este cambio de filosofía y cambiar el sentimiento de propiedad que tenemos sobre los terrenos», añadió al considerar que el nuevo documento incrementa en un 40% la superficie inedificable que había antes.
Asimismo, el representante de la Cambra de Comerç, Joan Tur Ripoll, apuntó que la normativa territorial «cambia la práctica habitual que hemos llevado a cabo en 80 años en las zonas agrícolas al emplear las casas agrícolas como segundas residencias y construir en fincas agrícolas». Esto provocará, según Tur, erradicar la construcción en zonas agrícolas: «Por un lado quieren salvar el campo y lo que están haciendo es destrozar la economía de la gente del campo», apuntó. El presidente de la Federación Hotelera de Eivissa y Formentera, Juanjo Riera, calificó este hecho de «doble moral». «Por un lado quieren proteger el campo cuando han sido los payeses son los que lo han cuidado y ahora se les hace todo más restrictivo», puntualizó.
El presidente de la Pimeef, Mariano Riera, por su parte, hizo hincapié en la necesidad de consensuar el PTE para evitar que siempre paguen los mismos, «la gente que vive en el campo, que tiene suelo rústico y que, actualmente, no tienen valor». De hecho, Riera señaló que cerca de la mitad de la población vive en suelo rústico.
El Partido Popular de Eivissa solicita al presidente del Consell d'Eivissa, Xico Tarrés, «como responsable primero en la confección de este PTI, que sea él quien responda ante el pueblo y no se parapete en la quinta planta de un edificio de la Avenida de España». En este sentido, el presidente de los populares, Miquel Jerez señaló que Tarrés «se esconde en Vila y abandona a la gente del campo». Desde el PP apuntan que no se rendirán: «No bajaremos los brazos hasta que consigamos ver suspendida la aprobación de la norma». «Tarrés debería aprender que gobernar también implica rectificar y que persistir en el error es de locos», concluye el comunicado.
«El nuevo Plan Territorial promueve ejecutar obras de forma ilegal»
Entre los ejemplos que Roig expuso para explicar las «interpretaciones libres» del PTE destacó la realización de ampliaciones. «En la zona 1 no se podrá ampliar ninguna vivienda, sólo reformar; mientras que en la zona 2, se establece que sólo pueden existir viviendas de una planta por lo que las de dos quedan fuera de ordenación», indicó Juan Andrés Roig. En este sentido, señaló que esto promueve «ejecutar obras de forma ilegal ya que muchos no dirán nada de sus dos plantas en zona 2, que afecta al 80% del suelo rústico común, y las viviendas de esta tipología son las más usuales en la isla».