El Ayuntamiento de Eivissa resolvió sancionar con 6.000 euros al padre del concejal de Deportes, Rafa Ruiz, por explotar un parking sin licencia. Estaba ubicado en ses Feixes, en terrenos que el planeamiento urbanístico municipal califica como rústico protegido.
Se trata de uno de los cuatro expedientes con sanción que afectan a propietarios de solares de esta zona y del barrio de es Pratet, que ejercían la misma actividad sin ningún tipo de licencia, y que también tendrán multas con el mismo importe. Son expedientes abiertos como consecuencia de una inspección llevada a cabo por el Ayuntamiento a raíz de la infracción del padre del concejal.
Cabe recordar que esta situación se hizo pública en agosto de 2009 cuando el PP de Vila denunció que la empresa Extra Rent Ibiza (E.R.I, S.L), propiedad de la familia de Rafa Ruiz, había habilitado este aparcamiento sin permiso municipal.
Según apuntaron entonces los populares, el propio edil figuraba como apoderado mancomunado en la empresa familiar, por lo que le acusaron de «hacer negocio con la falta de aparcamientos, uno de los mayores problemas del municipio». Por ello, el grupo municipal exigió la dimisión del concejal o su cese inmediato.
En respuesta, desde Vila aseguraron que, tras conocer la infracción, el concejal Rafa Ruiz revocó «el poder que le había dado su padre en esta empresa que, por otra parte, él nunca ha utilizado».
Asimismo, indicaron también que la alcaldesa Lurdes Costa tenía claro que el concejal de Deportes «ni se ha lucrado ni era responsable directo de esta actividad» por lo que consideraba «absolutamente desmedida la petición de cese y dimisión» exigida por el PP.
Había presentado alegaciones pero la sanción ya es firme
El padre de Ruiz había presentado alegaciones a su expediente, pero la sanción de 6.000 euros por la explotación del aparcamiento ya es firme. Ahora, el procedimiento continuará con la publicación de las multas en el Butlletí Oficial, que abrirá el plazo para el pago de la multas. En caso de que los propietarios no cumplan con el pago de las sanciones establecidas por el Consistorio, la institución iniciará un proceso ejecutivo que podría finalizar en embargo.