La Fiscalía ha solicitado el archivo provisional de la causa que investiga si hay responsabilidades penales en la construcción del edificio Residencial Punta Pinet porque no aprecia prevaricación en la actuación del Ayuntamiento de Sant Josep. De todas formas, advierte de que si se llegara a producir la demolición de las viviendas se debería reabrir la causa.
Los hechos tienen su origen en una segregación de fincas que se autorizó indebidamente, con lo que mantener la licencia de obra también fue ilegal, según relata Fiscalía. En ese momento, el Ayuntamiento debería haber detenido las obras o declarar la nulidad de la segregación o de la licencia de obras. Todo ello no se produjo y es entonces cuando una sentencia de la Sala de lo Contencioso estimó el incumplimiento de retranqueos y ordenó el inicio de un expediente para restaurar la legalidad urbanística y demoler las viviendas. Aquí es donde actuó el Ayuntamiento de Sant Josep, entonces gobernado por el PP. Redactó un convenio urbanístico para arreglar el asunto que se basó en un estudio de detalle. Ambos instrumentos, según Fiscalía, son «ilegales».
Pese a ello, no considera que estos actos constituyan un delito de prevaricación. De hecho, cree que el no haber cumplido la sentencia puede deberse tanto a la inactividad del órgano judicial, como al hecho de que nadie pusiera en su conocimiento los actos que se estaban llevando por las partes. Además, Fiscalía recuerda que los compradores de las viviendas no eran responsables de las infracciones, por lo que el Ayuntamiento optó por intentar contentar a todas las partes «sacrificando el interés público, que era el único que debían atender». También advierte de que aunque no existe responsabilidad penal ello no quiere decir que pudiera haber responsabilidades civiles o disciplinarias.
Estafa
En este asunto había otra vertiente a investigar, que era la ocultación por parte de Anglobalear SL a los compradores de pisos de que las viviendas estaban inmersas en un procedimiento judicial. Según Fiscalía, deberían haber advertido a los compradores, algo que está «acreditado» que no hicieron. De todas formas, el ministerio público recuerda que ninguna de las viviendas se ha demolido pese a que en noviembre de 2009 se requirió al actual alcalde para que lo hiciera en cuatro meses con amenaza de multa. Sant Josep recurrió y aún no se ha resuelto. El actual equipo de gobierno también ha iniciado de oficio la revisión de la segregación ilegal. Por todo ello, Fiscalía recuerda que es impredecible si las viviendas se demolerán o no, por lo que tampoco concurre, por el momento, un delito de estafa. Por ello se indica que en caso de que se derribe se deberá reabrir la causa.