La consellera de Política Territorial i Turística, Pepa Marí, explicó ayer que una de las primeras cuestiones que quieren abordar con los ayuntamientos y con los diferentes colectivos implicados en el territorio es la legalización de los negocios, edificios o viviendas ya construidas que por diferentes motivos han quedado fuera de ordenación y no pueden ser sometidos a reforma.
En este caso estarían las construcciones que se encuentran en el Àrea de Protección Territorial (APT) de costas. «Ahora mismo hay edificaciones que están en la costa en lugares emblemáticos y que cuando plantean una reforma tienen muchas dificultades para tener permiso», explicó Marí, que indicó que uno de los ejemplos más recurrentes es el de los urbanizables de Platja d'en Bossa y de Cala Tarida, que ya son urbanos por ley pero en los que no se puede actuar urbanísticamente hasta que no lo recojan los planeamientos municipales. «Por eso tenemos urgencia también en aprobar los diferentes planeamientos», indicó la consellera, que aseguró que en la costa hay «muchísimas edificaciones» afectadas, no sólo en Cala Tarida y Platja d'en Bossa sino en todo el litoral ibicenco. «Hay muchos expedientes de mejora que no se pueden tramitar y nosotros dependemos de la industria de Eivissa, de que la primera línea que ya está construida desde hace 30 o 40 años se mantenga en condiciones, se le dé calidad y se le permita hacer inversiones para que esté a lo que demanda el mercado», indicó la consellera, que matiza que los problemas no se dan sólo en la costa, ya que también pueden afectar a casas que, por el motivo que sea, han quedado fuera de ordenación.
«Pienso que es un tema en el que nos podríamos poner de acuerdo, pero no hacemos nada por solucionarlo», explicó Marí, que cree que por eso podría ser una de las primeras cosas que se podrían abordar dentro de la negociación territorial porque «no plantearía polémica».
No tan fácil será ponerse de acuerdo en otras cosas como si son necesarios más campos de golf o puertos deportivos o si hay que suprimir el vial de ses Feixes, por lo que son discusiones que se dejan para más adelante. «Son los temas en los que necesitaremos sentarnos más veces para llegar a un acuerdo, porque cada uno tiene una alternativa y luego la gente votará, pero por eso pienso que tenemos que centrarnos en problemas que pueden tener una solución más o menos consensuada», añadió la consellera, que no quiere «empezar la casa por el tejado» centrándose en los temas más conflictivos. «El tema es ir primero a lo que estemos de acuerdo, lo digo también por mi experiencia en turismo, porque no todos pensamos lo mismo, pero podemos estar de acuerdo en un 50% y diferir en un 30 y hay que buscar siempre el espacio de encuentro y luego ya perfilaremos lo que estemos en desacuerdo», agregó.
Tampoco considera que levantar la moratoria en ANEI sea lo más urgente, ya que en principio habría que centrarse en arreglar los temas que se consideren más injustos.
Aparte del Consell del Territori se impulsarán reuniones con los ayuntamientos
Aparte del Consell del Territori, que agrupa a más de 40 representantes de colectivos e instituciones, el Consell impulsará reuniones con los ayuntamientos y con lo colegios de arquitectos y de aparejadores. Con los ayuntamientos se quiere impulsar un foro para cerrar la aprobación de los planeamientos urbanísticos en los próximos meses y con los colegios profesionales abordar las posibles problemáticas que puedan tener a la hora de ejercer su trabajo.
«Todos los ayuntamientos me han mostrado su predisposición», explicó Marí, que reconoce que en los pocos meses que faltan para las elecciones será muy difícil aprobar ninguna normativa. «Yo me conformaría con hablar de las líneas en las que nos queremos poner de acuerdo a nivel teórico», añadió.
El Consell del Territori, que se reunirá en enero, abordará cómo tiene que ser el futuro territorial para que dentro de 30 años «Eivissa siga atrayendo turistas».