Aena abre un total de siete expedientes a los controladores que 'desertaron' en Eivissa

Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) ha abierto siete expedientes a controladores del tráfico áreo que abandonaron su puesto de trabajo el viernes y sábado de la pasada semana en el aeropuerto de Eivissa. En el cómputo general de las Islas, Aena ha abierto 71 expedientes en Eivissa, Mallorca y Menorca, de un total de 440 controladores que se ausentaron de su lugar de trabajo en el resto de aeropuertos del país.
El viernes 3 de diciembre, se abrieron 41 expedientes, 25 en el Centro de Control de Palma, 11 en la Torre de Palma, 2 en Menorca y 3 en Eivissa. El sábado 4 de diciembre, 17 expedientes correspondieron al Centro de Control de Palma, 5 en la Torre de Palma, 4 en Menorca y 4 en Eivissa.
Según el gestor aeroportuario, en torno a las 17.00 horas del pasado viernes, los controladores aéreos de turno en ese momento en las torres y centros de control de toda España «empezaron simultáneamente a declararse no aptos para seguir prestando el servicio y abandonando sus puestos de trabajo».
Ante ese abandono masivo, y para garantizar la seguridad del tráfico aéreo, AENA tuvo que ir reduciendo «paulatinamente la actividad en los centros y torres de control hasta llegar al cierre total cuando no hubo controladores en sus puestos para controlar el espacio aéreo», aseguró el gestor aeroportuario.
Acusación
AENA acusó ayer a la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) de «intentar engañar a la opinión pública» negando que la decisión de los controladores aéreos de abandonar masivamente sus puestos de trabajo fue lo que obligó a cerrar el espacio aéreo el pasado fin de semana.
Por otra parte, la Fiscalía de Balears prevé iniciar en los próximos días los interrogatorios a los controladores expedientados.
El fiscal superior de las Islas, Bartomeu Barceló, acudió ayer a la Junta de Fiscales convocada en Zaragoza por el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. En esa reunión, Conde-Pumpido confirmó que el Ministerio Público solicitará penas de hasta ocho años de cárcel para los controladores que abandonaron sus puestos de trabajo sin motivo justificado.