El presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, mostró su preocupación por el devenir del proceso relacionado con el centro comercial construido en el solar de Ca ses Castellones con una licencia otorgada por PP-GUIF-PREF en 2005 antes de ser desalojados de la alcaldía y que acabará con la demolición de los edificios y la indemnización a los promotores a cuenta de las arcas públicas.
Ferrer recordó que el Consell en noviembre «solicitó a la promotora que redactara el proyecto de demolición y se le dio un plazo de dos meses para presentarlo; el plazo ha terminado, la promotora no ha presentado ningún proyecto de demolición y en un par de días saldrá un decreto por el que se encarga a un técnico de la institución que se haga cargo de la redacción de dicho proyecto de demolición al que se le dará un plazo similar al que se le dio a la promotora para su presentación».
Sin dilación
Para el presidente del Consell ha de quedar claro que es preciso evitar «que el juez considere que queremos entorpecer la sentencia de demolición dictada» y por otra parte dijo «queremos que se resuelvan los recursos que la institución ha presentado para, en primer lugar no tener que llevar a cabo la demolición y, en segundo lugar, para no vernos obligados a pagar una importante indemnización por parte de la institución en el caso de que la demolición se hiciera efectiva».
En este sentido Ferrer asume que salvo cambios sustanciales, «la sentencia que tenemos del juez es que hay que proceder a la demolición por lo que hay que ir preparando el terreno par el caso de que se desestimen nuestros recursos afrontar la demolición».
La paradoja de poder levantar nuevamente lo que se tiene que derruir
El presidente reconoció que podría darse la paradoja de que, una vez se hubiera derribado el centro, los promotores, con la indemnización recibida, volvieran a construirlo ya que la zona ya no está protegida por la ley de Patrimonio. Por otro lado, reiteró que los políticos están para defender a Formentera e intentar que no salga mal parada, «pero si hay una sentencia firme por la que el juez nos obliga a echar para abajo un centro comercial, haremos lo que diga».