Los casi 80 controladores aéreos que no acudieron o se ausentaron de sus puestos de trabajo los pasados días 3 y 4 de diciembre en los aeropuertos de Balears se enfrentarán a penas de 4 a 8 años de cárcel por haber cometido un delito de sedición, según recoge el atestado de las diligencias realizadas por la Guardia Civil y que ya obra en poder del Juzgado de Instrucción 1 de Palma.
Los agentes de la Benemérita interrogaron a los controladores -que se negaron a declarar-, a diferentes trabajadores de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) y personal médico para comprobar si existía algún motivo para que los profesionales que dirijen el tráfico aéreo en las Islas no acudiesen a sus puestos de trabajo en el pasado puente de la Constitución.
Investigaciones
Las investigaciones, ordenadas por la Fiscalía de Balears, estuvieron encaminadas a conocer cómo se coordinaron los controladores antes de que anunciaran las bajas médicas masivas para alegar incapacidad de trabajar.
El abandono masivo de sus puestos de trabajo atrapó a más de cien mil pasajeros en los aeropuertos de Palma, Menorca y Eivissa, y obligó a cerrar el espacio aéreo.
El delito de sedición, contemplado en el artículo 20 de la Ley de Navegación Aérea, establece penas para los empleados de aeropuertos «que, en número suficiente para perturbar el servicio, abandonen colectivamente sus funciones en la aeronave o el aeropuerto, en actitud de protesta, desobediencia coactiva o represalia».
El Código Penal, en su artículo 545, fija que se impondrán penas de cuatro a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para empleo o cargo público por ese mismo tiempo a aquellos que hubieren inducido, sostenido o dirigido la sedición.
En Balears, algunos de los controladores aéreos alegaron que la competencia para interrogarles correspondía a la jurisdicción militar con motivo del estado de alarma decretado por el Gobierno y la militarización del espacio aéreo ordenada en su momento por el Ejecutivo central.
El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Palma, Juan Catany, debe estudiar el atestado elaborado por la Guardia Civil, y que fue remitido por las Fiscalía de Balears, para señalar las primeras diligencias de la causa.
El mayor número de afectados de Balears, unos 300, se han unido para pleitear en Madrid con el asesoramiento del despacho Cremades &Calvo Sotelo.