El fiscal de la Antoni Torres Tur ha solicitado a la titular del Juzgado de Instrucción nº1 de Eivissa, mediante escrito del pasado 3 de marzo, que con motivo de las diligencias «de conformidad con lo expuesto y entendiendo que el objeto de la causa se integra por un problema o cuestión de índole jurídico administrativa cuya resolución no corresponde a la jurisdicción penal, procede acordar el sobreseimiento libre de la causa», por lo que desestima que se tenga que seguir el procedimiento iniciado contra el presidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer y la consellera de Medi Ambient i Litoral, Silvia Tur.
Los hechos se remontan al verano de 2008 cuando el Consell de Formentera decidió no renovar las autorizaciones o concesiones de explotación que tenía Fabio Covizzi de dos kioscos de playa, el Giallo y el Blanco, ambos situados en la playa de Migjorn. Covizzi aseguró que los motivos aducidos por los denunciados sobre los motivos de la no renovación de la autorización no eran ciertos, pero era conocidos que ambos kioscos se habían caracterizado por la gran afluencia de público a la hora de la puesta del sol con problemas por ruidos, música en vivo, servicio de comida para el que no estaban autorizados y situaciones de colapso circulatorio y riesgo en los caminos de acceso a dichos kioscos a la puesta del sol.
No hay delito
Según la fiscalía «de los datos contenidos en la instrucción no se desprende la comisión de delito alguno» señalando que la decisión adoptada por Ferrer y Tur, es decir la institución que representan «forma parte de las competencias (...) de consideración, valoración, solicitud y otorgamiento de las concesiones relativas a explotaciones en zonas costeras o de playa, siempre con respeto a las que a su vez corresponden a los servicios periféricos de Costas».