El ex consejero delegado de una empresa de Gerardo Díaz Ferrán ha acusado al expresidente de la CEOE de pedir tres amarres de barcos de gran eslora para él, su hijo y su exsocio Gonzalo Pascual a cambio de que una de sus sociedades se retirase de un concurso que iba a ganar en el puerto de Maó.
Así lo ha afirmado hoy al juez instructor del caso Mar Blau de supuesta corrupción en los puertos de Baleares José Manuel Domínguez, ex consejero delegado de la empresa Trapsa Yates, que resultó finalmente adjudicataria de un concurso para la gestión de amarres en el puerto de Mahón en 2008, cuando la sociedad era propiedad de Gerardo Díaz Ferrán.
Domínguez ha indicado que Díaz Ferrán le llamó por teléfono y le dijo que asistiera a una reunión para negociar con el Club Marítimo de Mahón -el segundo mejor posicionado después de Trapsa Yates para ganar el concurso- una posible renuncia dadas las presiones mediáticas que había para que el club gestionara los amarres.
Díaz Ferrán le dijo entonces que debía pedir al club como «compensación» por los gastos de haberse presentado al concurso «tres amarres: uno para él, otro para su socio y el otro para su hijo o para alquilarlo».
El imputado ha señalado que esta reunión se celebró en Maó con varias personas del club y de Trapsa, y que en ella se acordó que si renunciaban se compensaría con tres amarres «de las esloras de los barcos de presidencia» y con 13.000 euros más.
Este acuerdo se plasmó, ha afirmado el imputado, en un contrato pantalla por el que Teinver -empresa matriz de Trapsa Yates- prestaba asesoría jurídica al Club de Maó a cambio de los amarres y el dinero, un trabajo que la Fiscalía sospecha que nunca hizo.
A este respecto, Domínguez ha explicado que el visto bueno al contrato lo dio Díaz Ferrán y que a él solo se lo mandaron por si tenía algo que aportar, a lo que contestó que no porque era «un tema personal» del expresidente de la CEOE.
La declaración de Domínguez se ha producido después de que ayer Díaz Ferrán compareciera como imputado ante el juez por este caso, cuando descargó precisamente sobre Domínguez las posibles responsabilidades sobre un supuesto amaño en la adjudicación de los amarres de Mahón.
«El consejero delegado era quien tomaba las decisiones de la compañía, yo en aquel momento estaba muy desvinculado de las empresas», afirmó Díaz Ferrán preguntado acerca de este contrato, en el que, insistió, no intervino «para nada».
Aparte de Domínguez, este martes también ha declarado ante el juez el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB), Francesc Triay, quien se ha desvinculado de los supuestos amaños en la adjudicación de los amarres de Mahón.
El imputado, que encabezó la candidatura del PSIB-PSOE al Govern balear en los años 1987 y 1995 y fue nombrado en el cargo en la actual legislatura del socialista Francesc Antich, se ha desvinculado de la negociación del contrato supuestamente irregular entre Teinver y el Club Marítimo.
Triay ha afirmado que sabía que el contrato existía y ha explicado que «el documento era un esfuerzo más del Club Marítimo de Mahón para torcer la adjudicación a Trapsa, que era la empresa mejor puntuada por al comisión técnica».
Ha reconocido que si no renunciaba Trapsa «se iba a crispar el clima político del consejo de administración» de la Autoridad Portuaria, ya que había «presiones» de instituciones como el Ayuntamiento de Mahón y el Consell de Menorca, así como de la prensa, para que el club gestionara los amarres.