La consellera insular de Política Territorial, Pepa Marí, apoya la iniciativa del Govern de pagar con terrenos la protección de enclaves como Roca Llisa, Benirràs y Punta Pedrera, pero también confía en que sea una realidad «cuanto antes». Desde el Govern reconocieron hace poco que este tema se ha retrasado, ya que tres años después de que se aprobara la ley que protegió estos enclaves todavía no se han producido avances significativos en la posible compensación a los afectados por la anulación de sus derechos edificatorios.
Marí recordó que todo este tema lo lleva el Govern y que ellos no pueden ser los que lleven la voz cantante en las reuniones del Consorcio de Reconversión Paisajística, que es el órgano que debe regular toda esta cuestión. «Estamos de acuerdo con la idea de compensar con terrenos a los propietarios cuyo territorio se ha protegido, porque así la Administración no tiene que pagar», recalcó Marí, que cree que hay que dejar de hablar «de cosas en abstracto» y empezar a «concretar ideas» y saber con qué espacios se puede compensar.
La idea es buscar suelos cercanos a núcleos de población que no estén desarrollados, pero que tengan vocación de ser urbanizados y recalificarlos a cambio de que los propietarios cedan parte del aprovechamiento urbanístico a los afectados de Benirràs, Roca Llisa y Punta Pedrera. El Govern confiaba en poder encargar un estudio sobre los posibles suelos antes de que terminara la legislatura, aunque advierte que no todos los propietarios que han interpuesto recurso tendrán derecho a indemnización.
Acaba la legislatura sin acuerdo en sa Coma
El equipo de gobierno del Consell ha paralizado la negociación con el PP sobre sa Coma hasta después de las elecciones. Según explicó Marí, las conversaciones han quedado en «stand by» hasta que se abra el nuevo período parlamentario. La intención era pactar una iniciativa legislativa conjunta para obligar al Consell a pagar a los ayuntamientos las tasas de las obras de construcción de sa Coma. El PP hizo una contraoferta, en la que especificaban que aceptaban las obras de rehabilitación hechas hasta ahora y los usos provisionales asignados a cambio de que se modifique la ley para devolverle las competencias y que todas las actividades que se hagan a partir de ahora se sometan a licencia municipal.
El Consell tampoco tiene previsto convocar de nuevo el Consell del Territori antes de las elecciones, aunque aseguran que se han creado «grupos de trabajo».