El Consell d'Eivissa ha recibido un aviso del inicio de embargo de sus cuentas por valor de 2.006.400 euros por parte de la Seguridad Social por las deudas del Consorci Sociosanitari, encargado de la gestión de las residencias de Can Blai y Sant Jordi, del Cepca y de los pisos tutelados. El problema es que el consorcio ha incumplido el pago de la cotización de sus trabajadores durante cuatro meses de 2008, nueve de 2009 y ocho de 2010. A esto hay que sumarle intereses y recargos, además de que tampoco se ha abonado el dinero de 2011.
El conseller de Finances Corporatives en funciones, Tomás Méndez, indicó que este documento lo habrá recibido también el Govern, porque ambas instituciones forman parte del consorcio, que ya recibió el aviso en mayo. «Es como si tú le firmas un aval a alguien para que compre el piso y éste no paga las cuotas, al final te lo reclaman a ti», explicó Méndez, que indicó que el Consell tiene una «responsabilidad solidaria».
El conseller aclaró también que en el caso de que el embargo finalmente se hiciera sobre el Consell si no se encontrara dinero ni en el consorcio ni en el Govern, la máxima institución insular tendría en 2011 dos millones menos de ingresos por parte del Gobierno central, algo que consideró «grave». No obstante, aclaró que en ningún caso esto puede afectar al pago de nóminas de la institución. «El Consell tiene las nóminas y muchas cosas más aseguradas, aunque tengamos retrasos en los pagos y mucha morosidad del Govern», añadió el conseller, que recordó que el consorcio ha tenido muchos problemas para pagar nóminas y proveedores.
Patricia Abascal
Méndez alentó a este periódico a buscar la opinión también de la consellera de Política Social i Sanitària en funciones, Patricia Abascal, ya que es la responsable política del consorcio y recordó que él mismo no lo gestiona porque es un ente independiente.
Abascal defendió que se dejó de pagar a la Seguridad Social por falta de ingresos del Govern y del Consell. «Si tienes 20 de gastos y te mandan 10 tendrás que dejar de pagar algo», remarcó Abascal, que indicó que esta deuda de dos millones en realidad le corresponde al Govern balear, porque así lo ha reconocido el Ejecutivo autonómico en las juntas rectoras que han celebrado.
«Cuando se aprobaron los presupuestos siempre se dijo que estaba pendiente e incluso se hicieron gestiones por mi parte para que el Govern reconociera la deuda y al final lo hizo, lo que pasa es que Tomás Méndez luego no habló con Hacienda para que esto se pagara», añadió Abascal, que explicó que en su día se hizo un plan de pago que no se llegó a poner en marcha por falta de dinero. La consellera dijo que ya han hablado con el Govern para que asuma la deuda y van a requerirles de forma oficial. Asimismo, están negociando con el Gobierno central un aplazamiento de la deuda.
Preguntada por el problema que ahora le dejan al PP, la consellera dijo que el otro día ya le insistió a la futura consellera, Mercedes Prats, que deberán exigir aportaciones del Govern. «Esto son habas contadas, si tú tienes la gestión de un servicio y te dan menos de lo que cuesta, no llegas», explicó Abascal.
El Ejecutivo autonómico dice que es responsabilidad de Eivissa
Un portavoz de la Conselleria d'Afers Socials dijo que el consorcio es responsabilidad del Consell, porque ellos solo tenían intención de estar al principio y luego abandonarlo cuando entraran los ayuntamientos. «Ahora como figuramos ahí nos involucran, pero nosotros hemos pagado el concierto de plazas y luego es el Consell el que ha gestionado el dinero, ellos sabrán lo que han hecho», dijo el portavoz, que recordó que este consorcio ha funcionado bien en Menorca, pero en Eivissa «va como va».Abascal recordó que esto es una deuda histórica del Govern porque al principio el Ejecutivo autonómico no pagaba por convenio sino por plazas ocupadas. El consorcio tiene 150 trabajadores.
Vicent Serra critica que ha habido una «mala gestión» de los progresistas
El presidente electo del Consell, Vicent Serra, se mostró muy preocupado por este embargo, que se podría materializar el 5 de julio, escasos días después de tomar posesión. Serra criticó que no se hayan presentado alegaciones para pedir prórrogas en el pago y alentó al Consell en funciones a solucionar este tema en los 20 días que le quedan. «Echan siempre la culpa al Govern, pero esto no es una deuda suya, aquí ha habido una mala gestión por parte del consorcio», criticó Serra, que lamentó también que la deuda del Consell es de 25 millones, no de 18 como dicen, ya que recientemente se ha hecho una póliza por 7 millones. Criticó además que ahora se ha contratado más gente para la residencia de Sant Antoni.La consellera Patricia Abascal le aconsejó que siga reclamando el dinero al Govern y confió en que no se tenga que embargar.