La consellera de Política Social i Sanitària en funciones, Patricia Abascal, teme que el PP esté preparando el terreno para privatizar la gestión de la residencia de mayores de Sant Antoni, después de que el presidente electo del Consell, Vicent Serra, dijera que hay que estudiar si se puede abrir esta infraestructura por la delicada situación económica que atraviesa el Consorcio Sociosanitario.
«Nosotros teníamos un compromiso con el Govern para que nos pagara 2,2 millones para la gestión de Sant Antoni, por lo que me parece increíble que ahora Vicent Serra se esté planteando no abrir una residencia cuando a día de hoy ya hay lista de espera para entrar», remarcó Abascal, que recordó que este dinero viene por la ley de dependencia y es obligación del Ejecutivo autonómico pagarlo. «A menos que Vicent Serra quiera plantear una privatización y que esta sea una excusa perfecta; decir que como el consorcio no es viable, pues privatizamos», añadió Abascal, que cree que si se consigue el convenio con el Govern la residencia podría abrirse en un par de meses.
Serra también criticó que ya hay personal contratado para trabajar en esta residencia, pero la consellera de Política Social i Sanitària en funciones, Patricia Abascal, dijo que tan solo hay una persona que se encarga de la tramitación de las licencias y de conseguir la luz. «Lo que sí hemos hecho es abrir los bolsines, pero eso no significa que haya gente contratada, sino que en el momento en el que se amplíe el trabajo en la residencia de Sant Jordi o se abra la de Sant Antoni se tendrá a gente para contratarla», añadió la consellera, que recordó que actualmente existen dos convenios con el Govern para poder hacer funcionar las residencias de Can Blai y de Sant Jordi, que ascienden a 2,2 millones y 1,2 respectivamente.
«Reconozco mi error»
Tal y como se dio a conocer hace unos días, el consorcio sociosanitario que gestiona estas residencias tiene un aviso de embargo de más de 2 millones de euros por no pagar las cotizaciones de los trabajadores a la Tesorería General de la Seguridad Social. Este posible embargo de las cuentas se podría ejecutar sobre el Consell el próximo 5 de julio.
Abascal recuerda que esa deuda se generó cuando se creó el consorcio y cree que es el Govern quien tiene que abonarla. «Reconozco mi error porque no he sido capaz de que el Govern pague esa deuda, mi equivocación fue fiarme del Govern y al final no lo hizo», añadió la consellera, que negó que la gestión del consorcio haya sido un desastre como dice el PP.
Fraccionar la deuda e intentar que el Govern pague
Patricia Abascal explicó que están haciendo gestiones para presentar un plan de pagos a la Seguridad Social de forma que se puedan abonar los dos millones que deben de forma fraccionada.
La consellera en funciones habló con el director de de la Seguridad Social y le informó de que no se pueden quitar ni los intereses ni los recargos «porque la ley no lo permite», una cantidad que asciende a 400.000 euros. «Ni Vicent Serra ni nadie podrá cambiar esto», añadió Abascal, que también ha requerido al Govern para que se hagan cargo del pago. De hecho, les están enviando actas de las juntas del consorcio en las que se demuestra que el Govern se comprometió a pagar.