El informe que realizó el 4 de noviembre de 2010 la Abogacía de la Comunitat Autònoma que rechazaba llevar a Fiscalía el resultado de la auditoría de la construcción de las autovías fue dado a conocer ayer por el PP en su integridad. Estas notas, que se resumen en tan solo siete páginas, concluyen que «no se desprende indicio alguno de que las irregularidades detectadas, técnicas y jurídicas, puedan constituir ninguna infracción penal». Por lo tanto, considera que no es necesaria ninguna denuncia penal ni ninguna actuación y recuerdan que la auditoría tampoco lo concluye.
1% cultural
Eso sí, la Abogacía comparte ciertos aspectos denunciados en la auditoría que encargaron los progresistas. Por ejemplo, cree que el Govern tendría que destinar el 1% del coste a actividades culturales. Asimismo, pide que se tengan en cuenta las recomendaciones sobre el manteniemiento del equilibrio económico-financiero de ambas obras y cree también que habría que dar por terminada la fase de construcción, bien finalizando los trabajos pendientes o bien dejándolos sin hacer con su posterior reequilibrio económico.
Desde Abogacía también consideran que hay que exigir al concesionario de la autovía al aeropuerto que retire las tierras y al de Sant Antoni que cumpla con determinados aspectos que tienen que ver con labores de manteniemiento y prestación de servicios.
Pero hay muchas otras cuestiones, quizás las más importantes, en las que Abogacía no está de acuerdo con la auditoría externa contratada por los progresistas. En concreto, no cree que el Govern tuviera falta de competencias para ejecutar las obras. La auditoría dice que el Ejecutivo autonómico no podía construir estas carreteras, ya que su ejecución correspondía al Consell. Sí que las habría podido ejecutar si hubiera habido un convenio con el Ministerio de Fomento, pero éste fue roto por la entonces ministra Magdalena Àlvarez (PSOE) por considerar que el Govern lo había vulnerado.
Además, la auditoría considera que tampoco es válido el convenio que después firmaron Govern y Consell porque tan solo una encomienda de gestión y «no efectúa una válida atribución de competencias». Sin embargo, la Abogacía de la Comunitat Autònoma cree que haya o no haya incumplimiento del convenio con el Estado, esto solo afecta a la pérdida de financiación, pero no a las competencias. Este punto está corroborado por una sentencia del TSJB de 2006 y otra de la Audicencia Nacional de 2008, aunque esta última no es firme.
Otro punto analizado es la adjudicación de la construcción de las autovías a las empresas. La auditoría decía que tanto en una obra como en otra ninguna oferta cumplía los requisitos. Eso sí, advertía de que la valoración corresponde a la Administración y es una operación «de gran complejidad». Abogacía concluye que, como ninguna de las empresas que se presentó recurrió la decisión y las obras ya están terminadas, se debe partir «de la presunción de validez de los actos administrativos».
Defienden que hubo pocas sentencias condenatorias por expropiaciones
Eso sí, reconoce que ha habido sentencias contrarias a la actuación de la Administración, que han provocado indemnizaciones de 93.258 euros. Sin embargo, matizan que en el caso de la autovía al aeropuerto se interpusieron 11 recursos y «solo en dos» hubo una sentencia contraria al Govern por defectos de notificación. En el caso de las obras de Sant Antoni se interpusieron seis contenciosos de los que también dos fueron estimados por defectos de notificación. El resto fueron denegados y hay uno pendiente de resolución.
Asimismo, resaltan que la auditoría dice que se incumple lo previsto en la ley de expropiación en cuanto a la urgente ocupación de terrenos. Sin embargo, recuerdan que hay dos sentencias que lo rebaten.