El primer juicio contra el ex presidente del Govern, Jaume Matas, irá a cargo de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma, y la ponente que se encargará de redactar la sentencia será su presidenta, la magistrada Margarita Beltrán. En concreto, se trata de la vista oral que tendrá lugar por la contratación presuntamente irregular del periodista Antonio Alemany por parte del ex dirigente del PP, quien por estos hechos se sentará por primera vez en el banquillo de los acusados.
Así lo han informado fuentes judiciales, que han precisado, sin embargo, por el momento no se ha fijado fecha para la vista oral aunque es poco probable que sea este año cuando se juzgue al ex jefe del Ejecutivo autonómico, quien está acusado junto a Alemany y otras cuatro personas dentro de esta pieza del caso Palma Arena.
La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma postulan que los imputados pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular al articulista y a sus sociedades con fondos públicos -que según los investigadores ascendieron a un total de 483.186 euros-, después de que Alemany acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de discursos e intervenciones públicas.
Unos hechos por los que las acusaciones solicitan ocho años y medio de prisión para Matas, quien por su parte niega haberse concertado con el periodista para que éste cobrase por sus servicios «fuera de los cauces legales», por lo que su defensa, ejercida por el letrado Antonio Alberca, solicita su libre absolución. También el abogado de Alemany, Javier Fernández, pide que su patrocinado sea absuelto de las acusaciones que pesan sobre él.
Los fiscales Pedro Horrach y Juan Carrau así como la abogada del Govern María Àngeles Berrocal sostienen que Alemany acudió a Matas para solicitar una forma de retribuirle los servicios que le venía prestando desde antes de que éste fuese presidente -elaboración de discursos e intervenciones públicas-, una conducta que, «adornada con las formalidades legales necesarias», habría durante toda la legislatura 2003-2007 compatibilizando la redacción de los mismos con la crítica periodística «favorable» a través de los medios en los que Alemany colaboraba.
La intención del periodista, según las acusaciones, era no aparecer públicamente como autor de los discursos y percibir subvenciones públicas para sus distintas empresas, con el «pleno conocimiento» por parte de Matas de esta contratación encubierta que generaba además la creación de «un clima de opinión favorable al presidente» y permitía «ensalzar la actividad política de Matas».
Mientras tanto, otra de las acusaciones vertidas se refiere a la subvención de 449.734 euros concedida a la Agencia Balear de Noticias (ABN), creada expresamente por Alemany para poder optar a esta cantidad y camuflar de este modo la verdadera intención de la subvención: poner en marcha un periódico digital -Libertad Balear- afín a la actuación del Gobierno del PP, motivo por el cual Matas accedió a esta solicitud. Alemany situó a uno de sus sobrinos como administrador único de ABN presuntamente para ocultar su participación y poder solicitar la subvención.
UN MEDIO PARA EL «ENSALZAMIENTO PERSONAL» DE MATAS
«Lo que se ocultaba no era más que utilizar fondos públicos para un fin puramente particular, la creación y desarrollo de una actividad mercantil que beneficie económicamente a Alemany a la vez que le suponga a Matas contar con un medio periodístico para su ensalzamiento personal», prosigue el escrito de los fiscales. Así las cosas y mediante la presentación de facturas cuyo concepto era inveraz, consiguió Alemany que desde la Consejería le abonasen la anterior cantidad, justificando para ello la presunta actividad desplegada por ABN y sus colaboradores.
En concreto, las acusaciones atribuyen a Matas los presuntos delitos de malversación, fraude, falsedad en documento oficial, prevaricación y tráfico de influencias. En cuanto a Alemany, le acusan de malversación, falsedad en documento oficial, prevaricación, falsedad en documento mercantil por particular y fraude
Esta es la número dos de las 26 piezas en que está dividido el caso Palma Arena, que investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo palmesano (2005-2007) así como su supuesta vinculación con el elevado tren de vida llevado por Matas cuando era máximo mandatario de Baleares. También se indaga la conexión de este desfase con una supuesta financiación irregular del PP.