Un grupo de antiguos integrantes del movimiento antiautopista de la carretera de Sant Antoni llevará hoy a la Fiscalía de Eivissa la auditoría de las autovías y el informe del catedrático en Derecho Penal de la Universidad Carlos III que advertía que en la construcción y adjudicación de estas obras podrían haberse cometido los delitos de prevaricación y malversación de fondos.
En principio solo se hará entrega de la auditoría de las autovías que encargó el Govern del Pacte, del informe del catedrático y de dos sentencias favorables a expropiados para que sea el fiscal el que investigue, sin adjuntar ninguna denuncia concreta.
Este grupo de afectados ya anunció en su día que facilitaría este material a Fiscalía para que investigue penalmente la ejecución de las autovías, que estuvo rodeada en su día de una gran polémica.
El Govern progresista encargó antes de las elecciones un dictamen jurídico para comprobar si se desprendían posibles indicios de delitos penales en la auditoría de las autovías. Este informe no se hizo público hasta después de los comicios, lo que provocó el enfado en el seno del PSOE ibicenco.