El nuevo informe de la Abogacía de la Comunitat Autònoma que descarta posibles infracciones penales durante la construcción de las autovías fue ayer aplaudido por la exconsellera d'Obres Públiques, Mabel Cabrer y criticado por la izquierda. Este documento, que se pronuncia sobre el informe encargado por el Govern progresista a un catedrático de la Universidad Carlos III que vio prevaricación y malversación en las autovías, se reafirma en que no hay delito y considera «infundadas» las afirmaciones del penalista.
La exconsellera d'Obres Públiques y actual portavoz parlamentaria del PP, Mabel Cabrer, dijo que ahora se evidencia «que todo ha sido un montaje», porque los técnicos de carreteras han rebatido en un informe las «falsedades» y «mentiras» del catedrático, algo que también ha hecho Abogacía. «Estoy muy satisfecha y contenta, porque este montaje ya es cansino y no saben cómo estirarlo más; si quieren pueden estar todo el siglo XXI con el tema», añadió Cabrer.
«No tienen apoyo popular»
«Esta persecución política con dinero público es una forma de hacer política repugnante y asquerosa y por eso están donde están, porque no tienen apoyo popular de ningún tipo; es una vergüenza gastar dinero público así en época de crisis», añadió la exconsellera, que está «muy tranquila» ante la denuncia presentada en Fiscalía por un grupo de antiautopistas, ya que cree que es una estrategia ante la inminencia de las elecciones.
También el presidente del PP de Eivissa, Miquel Jerez, criticó que se ha «despilfarrado» casi un millón de euros de dinero público entre la auditoría y el informe de la Universidad Carlos III, «para criminalizar al PP». «Se hizo con absoluta alevosía, premeditación y mala fe», lamentó Jerez, que cree que Fiscalía debería investigar por qué se gastaron estos fondos cuando Abogacía siempre ha certificado que el PP actuó «conforme a derecho».
También criticó al grupo de antiautopistas han denunciado el tema en Fiscalía. «Creo que es muchísima coincidencia que sean cargos públicos del PSOE, tenemos sospechas de que es una estrategia política», añadió.
El exconseller d'Obres Públiques socialista, Jaume Carbonero, dijo ayer que el informe era «previsible». «Ahora el director de la Abogacía es afín al PP», remarcó Carbonero, que se enteró por la prensa de la presentación de la denuncia en Fiscalía y que tampoco se quiso pronunciar sobre la reunión solicitada por los socialistas de Eivissa para hablar de por qué no hizo público el informe de la Universidad Carlos III antes de las elecciones.
El concejal de PSOE-Pacte del Ayuntamiento de Sant Antoni y uno de los denunciantes ante Fiscalía, Josep Marí, Marge, dijo que todo lo que ha salido de Abogacía está «manipulado» porque son los mismos funcionarios «que trabajaban cuando se hicieron las carreteras». «Ellos mismos en su día hicieron los informes o colaboraron o callaron, es normal que no se tiren tierra por encima», dijo Marí, que dice que el PSOE siempre ha tenido claro que la Abogacía nunca sería favorable a una denuncia. «Se tendrían que haber dado pasos diferentes, ir a la justicia ordinaria, pero ahora está así y esperemos que la Fiscalía actúe», añadió Marge, que dijo que en septiembre se reunirán con Carbonero para saber qué pasó con el informe.
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LAS RÉPLICAS
MIQUEL JEREZ (PP) «Tenemos que respetar a los funcionarios, no se puede decir que la Abogacía tiene colores políticos, hay que aceptar sus dictámenes guste o no guste. La Abogacía ya dijo que no había delito cuando gobernaba la izquierda»