El Govern anunció ayer a las organizaciones sindicales, en una reunión informal celebrada en Funció Pública y en la que no les dio ninguna oportunidad de consenso, la eliminación de todos los liberados sindicales institucionales de la comunidad autónoma (89 en total), de los créditos horarios que superen los mínimos fijados por la ley, así como las subvenciones a organizaciones sindicales, denominadas como Fondos de Acción Social.
El Ejecutivo autonómico indicó ayer, a través de un comunicado, que estas medidas se aplicarán «de manera inminente» y que serán aprobadas en un próximo Consell de Govern.
Revocación del acuerdo de 2006. Según la nota del Govern, la Direcció General de Funció Pública informó ayer a los representantes de los sindicatos firmantes del acuerdo de 7 de abril de 2006 (Cemsatse, UGT, STEI-I y CCOO), así como a los que se adhirieron al mismo con posterioridad (USO, ANPE, CSIF y SAE) de que el citado acuerdo será revocado.
Liberados institucionales. La intención del Govern es eliminar, sin ningún consenso con las organizaciones sindicales, la figura del liberado 'institucional' incluída en el acuerdo de 2006 firmado por el Govern de Jaume Matas. En concreto se pretenden eliminar 89 liberados institucionales: 31 en el ámbito sanitario; 34 en educación y el resto en Servicios Generales.
Supresión de licencias. El Govern plantea la supresión de todas las licencias relativas a dispensa de la asistencia al trabajo, que no tengan su orígen en la acumulación de horas de representación sindical.
Supresión de los Fondos de Acción Social. La supresión de los Fondos de Acción Social supondrá la eliminación de ayudas por un coste total de 205.295 euros. Estos fondos son los que destina anualmente la Administración autonómica a las organizaciones sindicales con presencia en los órganos de representación según el acuerdo de 2006 que es el que el Govern quiere revocar.
Eliminación de locales sindicales. En el acuerdo se ratificará la eliminación de los locales sindicales para uso exclusivo de cada sección sindical u órgano de representación. Esta medida, que ya ha sido materializada, con la adecuación de un local de 300 metros cuadrados en Palma y que permitirá un ahorro de 41.000 euros anuales a las arcas públicas en concepto de alquileres.