Cinco años después de que once destacados miembros de la Plataforma Antiautopistas fueran detenidos por oponerse a la ocupación de Can Malalt en las obras de la autovía al aeropuerto, mañana se celebrará un juicio de faltas contra ellos. Están acusados de una falta de desobediencia a los agentes de la autoridad.
Los hechos se remontan a 2006, cuando los antiautopistas se opusieron a la destrucción del camino de Can Calvet, propiedad de Josep Planells, Malalt. La Guardia Civil detuvo a once activistas, entre ellos el entonces diputado autonómico Miquel Ramon (que después fue conseller insular de Política Territorial); la exdiputada de Eivissa pel Canvi, Marian Suárez; el exconseller de Mobilitat, Albert Prats, y el exdirector de Patrimoni del Consell, Josep Maria López Garí. También estaban entre los arrestados la exconsellera Fanny Tur o Neus Prats del GEN. En el momento de la detención, ni Suárez ni Prats ni Garí tenían cargos y los dos últimos ni siquiera se habían metido en política.
Detención polémica
En ese momento fue muy polémica la detención porque entre los activistas estaba el entonces diputado de la oposición Miquel Ramon, que no podía ser arrestado salvo delito flagrante por su condición de aforado. El delegado del Gobierno, Ramon Socias, llamó el día de los hechos personalmente al entonces diputado para pedirle disculpas por ello.
La defensa de los antiautopistas siempre abogó por la tesis de que aquella fue una «detención ilegal» y de hecho el excapitán de la Guardia Civil Fructuoso Jiménez llegó a declarar como imputado por ello. Sin embargo, la jueza de instrucción finalmente consideró que no existían indicios suficientes para abrir juicio oral contra Jiménez y dejó todo en un juicio de faltas contra los antiautopistas.
Este juicio ha generado una gran expectación y es probable que mañana acudan antiguos activistas de la Plataforma a apoyar a los imputados. Incluso se ha creado un grupo en Facebook desde el que se muestra solidaridad con los afectados y se anima a apoyarles asistiendo al juicio, algo que han confirmado 100 personas. En el muro se han dejado numerosos mensajes de apoyo que lamentan que los activistas tengan que enfrentarse a la Justicia cuando creen que no se ha investigado suficientemente la adjudicación y construcción de las autovías. De hecho, un grupo de antiautopistas presentó recientemente ante Fiscalía una denuncia para que se investigue si se cometieron los delitos de prevaricación y malversación.