La construcción de un recinto comercial de la empresa Lidl en la entrada de Sant Antoni ha provocado inquietud entre los comerciantes del pueblo y ha levantado las críticas del grupo de la oposición PSOE-Pacte en lo que se refiere a las licencias que concedió el Ayuntamiento para autorizar este proyecto de 2.000 m2.
Por un lado, el presidente de la Asociación de Comerciantes, Joan Ribas, aseguró que si bien «sabía hace tiempo que los terrenos estaban adquiridos por Lidl», anunció que solicitará al Consistorio que le deje «ver el proyecto».
«El miedo está por el pequeño comercio que tiene la cosa muy difícil, las temporadas cada vez son más cortas y en invierno mantener las tiendas abiertas cada vez cuesta más», destacó Ribas, para quien «hacer un complejo de estos en las afueras hace que la gente ya salga del pueblo». «Si una gran superficie con nombre y publicidad es competencia, pues fuera del pueblo, todavía más. Pero si el plan general lo permite ahí no se puede hacer nada, siempre y cuando el proyecto se adecúe a la normativa que toca», agregó.
Asimismo, Ribas espera que el nuevo equipo de gobierno lleve a cabo «lo que dijo en reuniones previas a las elecciones, que ayudaría al pequeño comercio y que haría cosas para incentivar el tema». «Al que aguanta ahora en invierno tendrían que darle un premio y facilitar mucho las cosas porque con los niveles de venta que hay y los gastos fijos que supone es complicado. Hay que hacer virguerías», concluyó.
Por su parte, el portavoz del grupo de la oposición PSOE-Pacte, Josep Marí Marge, criticó que el proyecto se desarrolle mediante cinco licencias que permiten en un mismo recinto la construcción de cinco edificios que no superan los 400 metros cuadrados; el límite que separa lo que se considera un comercio de una gran superficie, según la ley de comercio.
Para el portavoz, de esta forma, el Ayuntamiento «asume que da las licencias raspando la ley».
«Nosotros siempre hemos creído que Sant Antoni no tenía que renunciar a las grandes superficies pero también hemos sabido que tenía que ser en zona urbana y de un máximo de 400 metros. Y esta postura no se puede rectificar porque el plan de urbanismo no está rectificado», aseguró el portavoz de PSOE-Pacte.
En este sentido, indicó que no puede entender «que un equipo de gobierno que sabe todas estas características y que está trabajando en su plan urbanístico acepte una trampa». «Vamos a pedir explicaciones públicas porque se está montando un conglomerado de la misma empresa solo con separaciones, seguramente muy escasas, para que algún día se puedan juntar. Vemos que aunque sabiendo que les están tendiendo una trampa, ellos entran en el juego», agregó.
El concejal de la oposición afirmó que aunque no está en contra de las grandes superficies «porque hay que cumplir la ley», el Consistorio «debería defender al pequeño comercio».
Rojo: «Sentimos que se deslocalice el comercio de dentro de las ciudades»
Por su parte, vicepresidente de la asociación de comerciantes de Pimeef, Alfonso Rojo, que estuvo «muy encima» de la redacción de la nueva ley de comercio, destacó que «independientemente de que los edificios no pasen de los 400 metros, si es del mismo grupo empresarial contaría como todo uno». Por tanto, indicó que este complejo «debería de cumplir con todas las exigencias que le pida la ley de comercio como si fuera una gran superficie». Aún así, aseguró que no está intranquilo porque imagina que este proyecto «cumplirá la ley».
«Lo único que sentimos es que se deslocalice el comercio de dentro de las ciudades y se traslade fuera. Es una pena, y cuando nos encontremos con ello, vamos a ver que será dar de comer a unos poquitos», concluyó.