El anteproyecto de ley de modificación de la Llei de Funció Pública de Balears, que elimina el requisito de saber catalán para acceder a la administración autonómica y lo transforma en un mérito, fue muy criticada ayer por el portavoz de PSOE-Pacte en el Consell y diputado, Xico Tarrés.
Para el portavoz, esta modificación contradice el Estatut y «rompe el consenso que había habido en todos estos años con una ley aprobada por el propio Partido Popular». «Es hacer un populismo muy barato. La gente de aquí lo había pasado mal con el tema de la lengua durante muchos años y se había avanzado en el consenso como para que ahora salgan con estas. No acabo de entenderlo», destacó el portavoz para quien el PP, «en lugar de tener en cuenta lo que necesita la comunidad está dando pasos atrás solo para conseguir votos».
A favor y en contra
En este sentido, la portavoz del PSIB-PSOE en el Parlament balear, Francina Armengol, anunció ayer que los socialistas están «radicalmente en contra» de la modificación que proyecta el Govern y aseguró «que no parece lógico que se rompa un consenso histórico».
Por su parte, el presidente del PP de Eivissa, Miquel Jerez, defendió que la reforma «garantiza la cooficialidad de las dos lenguas y que tanto una como la otra sean respetadas en igualdad de condiciones». «Supongo que habrá creado malestar en distintos sectores, especialmente en la izquierda, pero tenemos que huir de escenarios catastrofistas. Estoy absolutamente seguro que esta ley no contradice el espíritu del estatuto ni contradice el espíritu de la Constitución», agregó.
Jerez quiso destacar que «no es una norma general para todos» ya que hay casos en los que el catalán seguirá siendo un requisito como en la docencia o en los puestos de atención al público. También remarcó que en el caso topónimos, que ahora se podrán castellanizar, «como mínimo primero tienen que estar en catalán, y si se quieren adaptar al castellano será por un acuerdo del Ayuntamiento».
ENE anuncia una fuerte oposición porque supone un «ataque» al catalán
Entesa d'Eivissa (ENE) anunció que presentará una fuerte oposición y alegaciones a la modificación de ley porque consideran que esta medida supone «un ataque a la oficialidad del catalán, a la igualdad lingüística consagrada por el Estatut, y a la convivencia entre los ciudadanos». En este sentido, ENE se manifiesta partidario de mantener el requisito lingüístico en todas las plazas públicas «como manera de contribuir a la normalización del catalán, a la igualdad de las dos lenguas oficiales del país y a la convivencia entre los ciudadanos de Balears». «Bauzá ha presentado esta ley sin haberla consensuado con los agentes sociales ni el resto de sectores implicados, enfrentándose a la autoridad lingüística, la UIB», denuncia la formación.