Seis meses después de la toma de posesión de José Ramón Bauzá como president del Govern, aún quedan 57 cargos de libre designación pendientes de nombramiento, según datos del propio Ejecutivo. Representa casi el 40 por ciento de los 143 cargos que conforman el entramado de poder de primer nivel de la Administración autonómica.
¿Cómo es posible que medio año después de las elecciones aún no se haya cerrado el organigrama definitivo del Govern? Un portavoz del Ejecutivo explica que, en algunos casos, todavía no se ha decidido qué persona ocupará el puesto por lo que, mientras tanto, otros altos cargos desempeñan las funciones de los que aún no han sido nombrados.
Vacantes
Según los datos facilitados por el Ejecutivo, aún no se han nombrado, por ejemplo, el responsable de la Secretaria Autonòmica de Promoció Empresarial o a los integrantes de la Junta Superior d'Hisenda. Tampoco se ha elegido todavía al representante del Govern en la Fundació Santueri de Lluc. En los departamentos adscritos a la Conselleria de Salut falta por nombrar al subdirector de Contabilitat i Pressuposts del Ib-Salut, entre otros.
Pero este no es el único motivo por el que 57 puestos de la Administración siguen vacantes. En una buena parte de los casos, los nombramientos no se han hecho porque, sencillamente, no se harán. En la política de contención de cargos del Ejecutivo de Bauzá, muchas de estas plazas quedarán vacantes y será el conseller de quien dependen estos organismos quien asuma las funciones ejecutivas o de representación.
Consorcios
En esta situación se encuentran buena parte de los consorcios y algunas de las fundaciones en las que participa el Govern. Muchas de ellas desaparecerán o se integrarán en otras, como ya ha sucedido con el Institut Ramon Llull y el COFUC, que ahora ocupa una sola persona. Sin embargo, buena parte de los consorcios, fundaciones y agencias quedarán extinguidos y por eso los nombramientos están en vía muerta.
El ahorro que supondrá dejar vacantes estos puestos, cuyo numero definitivo aún está por concretar, se sumará al recorte de gasto que supuso la reducción de siete conselleries y de 35 directores generales o secretarios generales técnicos. El ahorro calculado por el Govern por esta reducción de altos cargos sumaba 6,6 millones de euros anuales, según los datos facilitados por el Ejecutivo cuando se llevó a cabo la reducción de cargos.
El problema de la amortización de las plazas ocupadas
A la intención política de no designar personas para estas plazas se suma otro problema añadido derivado de las medidas de ajuste. Cuando una plaza queda vacante, hay problemas para conseguir la autorización de los departamentos económicos y de función pública del Govern para cubrirla. El objetivo es amortizar plazas, es decir, no cubrir el puesto cuando se produce una baja definitiva o una jubilación. Esta política de amortización de plazas hace que algunos de los nombramientos del segundo nivel de la Administración sigan pendientes.