La consellera de Turisme de Formentera, Alejandra Ferrer, no dudó en calificar de «malo» el borrador de Ley de Turismo que propone el Govern balear. Aseguró que se trata de una ley «muy mala, hecha desde Palma pensando en los establecimientos hoteleros de Mallorca», una ley que ignora la realidad y las necesidades del resto de las islas.
Ferrer señaló que por principio «considero que hacía falta que se propusiera una nueva ley en materia turística o modificar sustancialmente la actual que data de 1999, porque las cosas han cambiado mucho y en especial en cuestiones de calidad y de infraestructuras turísticas con la inclusión de nuevas figuras», pero tras ese preámbulo, Ferrer subrayó que el borrador, «que esperemos que no sea lo que se apruebe finalmente, recorta totalmente las competencias que el Consell tiene en materia de turismo».
Centrada en hoteles
Pese a señalar que a Formentera el proyecto de ley le afecta mucho menos que a las otras islas «teniendo en cuenta que es una ley que está hecha para Mallorca, la base de la ley se centra en cadenas hoteleras grandes e infraestructuras que en Formentera no tenemos, y que el cambio de usos, que a Formentera tampoco le afecta, lo que más nos afecta -dijo Ferrer-, y en ello se basan la mayoría de las alegaciones presentadas por el Consell, es en el tema de las competencias». Para ello la consellera recuerda que según el Estatut d'Autonomia, «en el artículo 70 tenemos transferidas las competencias de ordenación turística y la nueva ley en casi todos y cada uno de los artículos no respeta y se invade esta competencia de los consells».
En el escrito por el que el Consell presentaba sus 18 alegaciones ante la conselleria de Turisme del Govern, inicialmente se remarca que hay «multitud de dictámenes del propio Consell Consultiu de las Illes Balears donde se denuncia la intromisión de la Administración Autonómica en materia reservada a los consells, sin perjuicio de la potestad que tiene el Govern de establecer los principios generales». En este sentido Ferrer abundó en el tema remarcando atendiendo a esos informes «quedarían sin efecto la Disposición Transitoria II y la Disposición Final V, entre otras disposiciones del anteproyecto de ley».
18 alegaciones presentadas por el Consell al texto normativo
Ferrer dijo que las 18 alegaciones presentadas por el Consell habían sido consensuadas con el sector turístico, tanto con los hoteleros como con la PIME a quienes se les presentaron para ver si estaban de acuerdo con ellas. La consellera no tiene claro qué se puede esperar de las alegaciones presentadas desde Formentera, de las que han presentado desde Eivissa y de las que presumiblemente habrá presentado Menorca. «Espero que tengan en cuenta que las islas tiene necesidades específicas y diferentes unas de otras y por ello hay que atender a cada una de ellas».
El interés general y la exclusión de los pequeños
«Lo más preocupante, es que una de las cosas que nos hace singular como destino turístico que ha sido poder mantener medianamente naturales y vírgenes nuestras costas y proteger nuestro territorio, se puede venir abajo -dijo Alejandra Ferrer-. La ley se salta nuestras Normas Subsidiarias de tal manera que de forma unilateral y aún pidiendo informes municipales o del Consell, estos no serán vinculantes para el Govern, que podrá decidir si una cosa es de interés general o no y podrá hacer o autorizar lo que quieral».
Por otra parte, la ley en cuestiones de calidad penaliza a los establecimientos pequeños y de categoría más bajas y les obliga a modernizarse en un plazo de dos años a la entrada en vigor de la ley. «En la época en la que estamos y teniendo en cuenta que en Formentera hablamos de pequeñas empresas familiares, cuando los bancos restringen el crédito de forma clara, no es lógico que se penalice a los pequeños dándoles poco plazo para modernizarse cuando tras su evaluación deban subsanar los problemas que se hayan detectado».