El Ayuntamiento de Sant Antoni ha interpuesto una denuncia ante la Direcció General de Salut Pública i Consum del Govern balear contra una de las concesionarias de aguas del municipio, Aguas Vedrané, por el presunto cobro de tarifas no autorizadas ni por la Comisión de Precios de Balears ni por el propio Consistorio.
Unos mil vecinos de la zonas de Can Germà y Cala Salada así como el Ayuntamiento, que también es abonado a la empresa, se ven afectados por esta subida de precios que la concesionaria aplica desde 2010.
El equipo de gobierno dio cuenta ayer en el pleno municipal de esta denuncia y de la elaboración de un expediente por parte de los servicios jurídicos y de intervención para aclarar esta situación.
Según el teniente de alcalde, José Antonio Verdugo, se han abierto «tres subexpedientes» para desvelar por qué «las tarifas se aplican desde 2010 solo con un informe privado de la propia empresa» y sin el visto bueno municipal y un segundo expediente para aclarar «un informe de mayo de 2011 donde el técnico municipal dice que son correctas». En este punto, Verdugo detalló que a pesar del visto bueno del técnico, las tarifas deben ser aprobadas por el pleno y después por la Comisión de Precios de Balears «que es la que debe decir si las tarifas se pueden aplicar o no».
Los vecinos dejan de pagar
El tercer subexpediente, según Verdugo, suspende la petición de la empresa de cortar el suministro a la urbanización Stella Maris, cuyos vecinos han dejado de pagar las nuevas tarifas. «Esto lo dejamos en ‘stand by' hasta que se resuelvan los anteriores», dijo.
El teniente de alcalde no pudo detallar cuál es el incremento de precios, «un sobrecoste» que está siendo estudiado por los servicios económicos. Aún así, indicó que tanto los usuarios como el equipo de gobierno consideran que la subida de tarifas «es alta».
Verdugo agregó que el Consistorio acatará lo que diga Consum, órgano competente en estos casos. «Si efectivamente corrobora que se han aplicado tarifas indebidas, será el organismo que proponga las sanciones que estime oportunas. Ya sea devolver el dinero a los usuarios o descontarlo en las próximas facturas», indicó y remarcó que los afectados también pueden hacer su propia denuncia en la Oficina del Consumidor d'Eivissa.
Durante el pleno de ayer también se rechazó la reclamación del grupo municipal Nov-A contra los presupuestos de la Corporación. Según explicó el concejal de Hacienda, Vicent Ribas, la reclamación se desestima en base a las resoluciones de los servicios jurídicos y económicos de la casa que indican que los presupuestos «están hechos conforme a ley».
Por su parte, el portavoz de Nov-A, Juanjo Ferrer, aseguró que no dará el próximo paso, impugnarlos, porque con su reclamación cumplió su objetivo de que el equipo de gobierno «tuviera que explicar los presupuestos». Asimismo, criticó al equipo de gobierno por decir públicamente que la reclamación paralizaba al Consistorio cuando la ley de Régimen Local indica que «la interposición de recursos no suspenderá por sí sola la aplicación de los presupuestos aprobados por la Corporación».
También se desestimó la reclamación de una funcionaria interina que desde 2006 impugna los presupuestos en lo referente a la plantilla orgánica. La concejala de PSOE-Pacte, Laura Carrascosa, quiso recordar que esta funcionaria recurre los presupuestos «por la creación de dos plazas que podría haberse hecho de manera ilegal» y porque en la anterior legislatura se le bajó la categoría para subir la categoría a otro trabajador «sin justificar». Este caso ya está en los juzgados.
Por último, entre otras cuestiones, el equipo de gobierno dio cuenta del pago de facturas por 126.168 euros con el informe desfavorable de Intervención. El concejal de PSOE-Pacte José Antonio Fuentes pidió que los servicios de grúa y de recogida de animales que hace Can Dog, trabajos que forman parte de estas facturas, «se saquen a concurso porque será más barato».
Por su parte, Juanjo Ferrer de Nov-A se quejó de que algunas de las facturas son para pagar informes «que pueden hacer los funcionarios».
‘Marge': «Han hecho el ridículo con la tasa canina»
Durante el pleno de ayer, se aprobó por unanimidad revocar la tasa canina que preveía el pago de un impuesto de quince euros durante cinco años por parte propietarios de perros con el objetivo de elaborar un censo canino. El concejal de Hacienda, Vicent Ribas, explicó que la tasa se revoca «para eliminar aquel presunto afán recaudatorio» del que se les acusaba.
«Han hecho el ridículo con la tasa canina», destacó el portavoz de PSOE-Pacte, Josep Marí Marge, que indicó que esto demuestra «la poca valentía y fuerza política que tienen». «Eso de retirar porque se nos quejan no se ha visto nunca», indicó y recordó que él como portavoz había apoyado la creación de la tasa porque «no era excesiva».
En respuesta, el concejal de Hacienda indicó que aunque se retira la tasa se mantiene el fondo que es elaborar el censo canino y dar cumplimiento a la normativa.
Por su parte, la alcaldesa Pepita Gutiérrez consideró que evitar la entrada en vigor de la tasa sí demuestra «la valentía política» del equipo de gobierno.
EN CORTO
El escrito de Sant Josep
El Consistorio deberá decidir si Nov-A sigue en las comisiones
Pepita Gutiérrez dio cuenta del escrito de Nov-A de Sant Josep que pide a sus socios de Sant Antoni y Vila que dejen de utilizar su nombre y que considera que deberían pasar a ser concejales sin grupo y perder su puesto en las comisiones. «Ahora se está estudiando legalmente cómo tenemos que proceder», explicó Gutiérrez.
Revista municipal
Críticas a la revista Es Verro
Tanto Nov-A como PSOE-Pacte se quejaron de la publicación municipal Es Verro. Nov-A considera que es un gasto innecesario [costó 7.356 euros en 2011] para hacer publicidad del equipo de gobierno y PSOE-Pacte criticó que se pague una revista para el «autobombo» del PP. Tanto Nov-A como PSOE-Pacte pidieron que, si no se retira la revista, se les incluya, una petición que provocó la risa de la alcaldesa que les acusó de quejarse porque «no salen en la foto».
Otros asuntos
FUNCIÓN PÚBLICA Y RESIDENCIA
El equipo de gobierno rechaza dos mociones de PSOE-Pacte
El equipo de gobierno rechazó las mociones de PSOE-Pacte que pedían la retirada de la Ley de Función Pública y que se reivindicara ante el Govern la apertura de la residencia de Sant Antoni. La edil de Cultura, Sara Ramón, recordó que se presentaron alegaciones mientras que la alcaldesa, Pepita Gutiérrez, criticó que en los últimos cuatro años «no se hiciera nada para abrir la residencia» y que ahora «en siete meses» de gobierno y «en crisis» exijan su apertura.
PISO DE ACOGIDA
El Consistorio comprará o alquilará un espacio para dar este servicio
La Corporación aprobó ayer una moción de PSOE-Pacte para la compra o alquiler de un piso de acogida «para dar refugio a inmigrantes, mujeres maltratadas, familias o personas que lo necesiten». La edil de Bienestar Social, Maria Ramón, aseguró que este servicio está cubierto y se presta en Vila, mancomunado con el resto de los ayuntamientos. Finalmente, la moción se aprobó con la abstención del PP.
ZONA AZUL Y PLAN SOBRE DROGAS
Varias calles gratuitas y una nueva herramienta de prevención
El equipo de gobierno dio cuenta ayer del decreto que elimina la zona azul de las calles Estrella, Cervantes y del Mar [desde la esquina de la calle Sant Rafel hasta la calle Cervantes]. De esta forma, el aparcamiento es gratuito en estas zonas desde el 1 de enero hasta el 30 de marzo. Por otra parte, en el pleno también se aprobó el Plan Municipal Sobre Drogas, que sale a exposición pública, así como el nuevo Plan de Salvamento para las playas del municipio.