Las navieras Trasmediterránea, Baleària, Isleña Marítima de Contenedores, Sercomisa y Meditérranea Pitiusa deberán pagar multas superiores a 54 millones de euros impuestas por la Comisión Nacional de Competencia (CNC) por haber pactado precios, repartido trayectos y disminuido servicios, además de otras condiciones comerciales, en el transporte marítimo de mercancías y pasajeros que unen la Península con Balears y entre islas. Estos pactos consistían en la adopción de acuerdos cuyo objetivo sería el reparto de mercado y la fijación de condiciones comerciales, así como la imposición de precios no equitativos en el mercado de transporte marítimo regular de pasajeros y mercancías entre la Península y Balears. La resolución de la CNC con fecha del 23 de febrero establece una multa de 36,1 millones de euros a Trasmediterránea, mientras que Baleària deberá pagar 15,9 millones de euros, Sercomisa 1,1 millones de euros, Isleña Marítima de Contenedores 495.826 euros y Mediterránea Pitiusa 402.453 euros.
La empresa Acciona-Trasmediterránea hizo público ayer que recurrirá la sanción. El presidente del grupo Acciona, al que pertenece Trasmediterránea, José Manuel Entrecanales, anunció ayer que recurrirá porque considera que la multa es de una «cantidad enorme». Entrecanales recordó ayer que el expediente de la CNC se abrió cuando la naviera no formaba parte del grupo de construcción, servicios y energía. Una portavoz de Baleària explicó ayer que, por el momento, no recurrirán a la espera de estudiar en profundidad la resolución para determinar qué acciones tomar.
La CNC abrió un proceso de investigación a raíz de la denuncia del anterior equipo de gobierno del Consell d'Eivissa, del PSOE-ExC, que remitió una denuncia al organismo garante de la competencia, cuya entrada fue registrada en abril de 2010, en la que instaron a investigar a Trasmediterránea y Baleària por supuestas conductas prohibidas en la Ley de Defensa de la Competencia. En este documento se ponía de manifiesto un incremento superior al 30 por ciento en el precio de las mercancías como en las tasas por combustible (BAF), así como la segregación de rutas entre navieras y la reducción de servicios.
Pepa Costa, actual consellera de Mobilitat, aseguró que la resolución de la CNC no ha entrado oficialmente en el Consell, pero asegura que al tratarse de sanciones económicas tan elevadas las navieras tomarán nota: «El Consell se personó para ser parte interesada en el proceso pero se le denegó, por lo que no se ha podido seguir este expediente. Oficialmente en el Consell no ha entrado la resolución; la reclamaremos para saber si hay algún tipo de medida además de la económica. Al ser sanciones tan importantes económicamente quiere decir que hay una investigación exhaustiva detrás y yo creo que las multas tendrán efecto disuasorio entre las compañías», concluyó.
«Es de muy poca vergüenza haber pactado subidas de precios en los peores momentos de la crisis»
Albert Prats, exconseller de Mobilitat del Consell, presentó la denuncia ante la CNC en abril de 2010: «La incidencia del transporte marítimo y sus costes es de transcendental importancia en los precios de cualquier producto o servicio en nuestras Islas con lo cual no sólo afecta a la economía de nuestros ciudadanos a la hora de coger un barco sino también cuando vas al supermecado». Y puntualizó: «Pensemos que este incremento sube de forma lineal todos los productos y servicios que hay en la Isla porque éstos llegan por mar». Prats considera las elevadas sanciones económicas como «un justo castigo» y asegura que demuestran que se estaba actuando «de manera ilícita». «Es de muy poca vergüenza haber llegado a acuerdos para subir precios durante tantos años, pero especialmente en los peores momentos de la crisis económica», concluyó Prats.
Inspecciones sorpresa para iniciar la investigación
La CNC llevó a cabo primero las investigaciones en las sedes de Trasmediterránea y Balearia en mayo del año pasado. Una vez completada decidió incoar el expediente sancionador contra Baleària, Trasmediterránea e Isleña Marítima de Contenedores por posibles conductas anticompetitivas. Más tarde se amplió la incoación a las empresas Sercomisa y Mediterránea Pitiusa, así como a la comunidad de bienes Trasmapi-Balearia.
Mejorar la obligación de servicio público
Prats instó ayer a las autoridades a que mejoren la actual obligación de servicio público: «La actual exige muy pocas frecuencias. La postura que teníamos antes de dejar el cargo era hacer una obligación de servicio público que incluyese todas las frecuencias necesarias y suficientes para abastecer a Eivissa tanto en pasaje como en carga. Las administraciones deberían ponerse las pilas y exigir una rebaja de precios porque si no lo que haremos los ciudadanos de Eivissa y Balears es pagar la multa a través de las tarifas del barco».
Balearia y Trasmediterránea ya fueron multadas el año pasado
El consejo de la Comisión Nacional de la Competencia ya sancionó a distintas navieras, entre las que se encontraban también Baleària y Trasmediterránea, por su participación en acuerdos sobre reparto de mercado y fijación de precios para las agencias de transporte marítimo de pasajeros y vehículos en la línea Algecias y Ceuta. En esa ocasión, las multas fueron por un importe total de 2,3 millones de euros y 12,1, respectivamente.