El Parlament ha ratificado hoy un decreto ley del Govern que autoriza a los ayuntamientos de Eivissa a conceder a autorizaciones municipales estacionales de transporte público de viajeros a turismos para responder al aumento de la demanda en verano y combatir los llamados «taxis piratas».
La norma ha contado con el apoyo del PP, el voto en contra de dos diputados socialistas y la abstención de los demás socialistas y del PSM-IV-ExM. La oposición ha pedido que se tramitara como proyecto de ley pero el grupo popular lo ha rechazado.
El conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Biel Company, ha explicado ante el pleno que el objetivo de esta norma es «combatir la piratería, en especial en el sector del taxi, en Eivissa» y reducir la competencia ilegal mediante la autorización a los ayuntamientos para extender licencias estacionales, que son autorizaciones de taxi temporales, en el ámbito municipal.
Company ha subrayado que, según el decreto, los ayuntamientos aprobarán planes reguladores que determinarán las condiciones para prestar este servicio y el Consell de Ibiza seguirá manteniendo las competencias en la concesión de licencias interurbanas.
El conseller ha explicado que si bien el fenómeno de la oferta ilegal de taxis, en Menorca y Mallorca el problema se circunscribe a los aeropuertos, en Eivissa se da también en los alrededores de las discotecas y locales de ocio, lo que dificulta el control del intrusismo mediante inspecciones.
Company ha augurado que con la aprobación del decreto «no se acabará con el problema de forma radical», pero se avanza en reducir la competencia desleal en el sector del taxi y la situación de ilegalidad que afecta al sector.
El diputado del PP Miguel Jerez ha justificado la necesidad del decreto en el hecho de que los taxis piratas son una actividad emergente que se está instalando de forma cada vez más organizada en Eivissa y provoca un gran desequilibrio y distorsiona el mercado legal del taxi.
Jerez ha aportado algunos datos del fenómeno, que ha calificado de «problema grave». En 2009 se pusieron 221 denuncias por actividad ilegal de transporte en Eivissa, con 34 vehículos inmovilizados; en 2010 fueron 120 los vehículos denunciados y 31 inmovilizados, y en 2011, 199 denuncias y 41 inmovilizaciones.
El diputado socialista Xico Tarrés ha asegurado que el decreto es «insuficiente» y ha pedido que el transporte se regule por ley y que no sean los ayuntamientos los que deban decidir el número de licencias que conceden.
Tarrés considera que hay «demasiados puntos de conflicto» y no debería dejarse nada sin definir de forma concreta como el número de licencias a otorgar cada verano, delimitarlos por municipios limítrofes o determinar a quién se concederá la licencia si a quienes ya son titulares de una o a trabajadores asalariados.
Por parte del grupo del PSM-IV-ExM y Més per Menorca, Nel Martí, ha asegurado que la aprobación de este decreto pone en evidencia la necesidad de una ley de transporte urbano de Baleares. Martí ha criticado el decreto porque considera que genera inseguridad jurídica y fragmenta la regulación en este ámbito entre varias administraciones.
Según Martí, con el decreto el problema de la dificultad para distribuir las licencias de taxi persiste, pero ahora pasa a manos de los ayuntamientos, por lo que ha justificado su abstención.