El fiscal anticorrupción Pedro Horrach argumenta en su escrito al juez en el que rechaza la imputación de la infanta Cristina en el caso Nóos que la responsabilidad penal es personal y que, por ello, ella no debe responder penalmente de los actos supuestamente ilícitos de su marido, Iñaki Urdangarin.
En el escrito remitido al juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, el fiscal esgrime siete argumentos para oponerse a la citación como imputada de la infanta pedida por el sindicato Manos Limpias, unas razones que Horrach fundamenta en las conclusiones que ha arrojado por ahora la investigación de esta causa.
Entre estos argumentos, explica que de forma general no consta ningún indicio incriminatorio, ni documental ni testifical, del que se pueda extraer que la infanta conocía la supuesta actividad delictiva del duque de Palma.
Tampoco existe para el fiscal ningún indicio de que ella supiera la actividad presuntamente ilícita de Urdangarin y de su exsocio Diego Torres para que el Instituto Nóos, del que eran presidente y vicepresidente, y Nóos Consultoria, empresa propiedad de ambos, se beneficiaran de contratos públicos.
Señala otro punto que la responsabilidad penal es personal y agrega que ya han pasado los tiempos en que en España una persona debía responder penalmente de los actos de su cónyuge.
Añade que aunque se probara que la infanta sí sabía de estas actividades supuestamente delictivas de Urdangarin, la responsabilidad por ellas no se amplía al cónyuge que las conoce, siempre que no se demuestre que haya participado activamente en los actos supuestamente objeto de delito.
En cuanto a su papel en el Instituto Nóos, entidad sin ánimo de lucro de la que la hija del rey formaba parte en calidad de vocal, el fiscal indica que las decisiones las tomaba un comité de dirección en el que no figuraba la infanta y que no consta que la junta rectora en la que sí estaba como miembro aprobara las líneas de actuación del organismo.
Además, explica que la mujer de Urdangarin solo estuvo presente físicamente en la sede de Nóos una vez y por motivos personales.
Respecto a Aizoon, la empresa que comparte al 50 % con su marido y que supuestamente sirvió para desviar dinero público, el fiscal apunta que la infanta no ostenta ningún cargo ejecutivo en ella y que su vinculación es meramente a nivel societario.
Añade que los empleados de esta empresa dedicada a labores inmobiliarias que han prestado declaración en calidad de testigos ante la policía han señalado solo a Urdangarin como el que en la práctica dirigía la empresa.
El escrito se refiere asimismo a los gastos de reforma y mobiliario de la casa de Barcelona del matrimonio pagados con dinero de Aizoon, unos abonos que el fiscal no cree que sean un delito penal, sino en todo caso una irregularidad administrativa.
El escrito del fiscal es la respuesta a la petición del juez José Castro del pasado día 21 a las acusaciones de esta pieza de que se pronunciaran sobre la reclamación de Manos Limpias de imputar a la infanta Cristina.
El plazo para responder no comenzó hasta ayer para que las acusaciones pudieran analizar las declaraciones que Urdangarin prestó este pasado fin de semana y los posibles indicios contra la infanta que de ellas se dedujeran.
En su comparecencia ante Castro, el duque de Palma manifestó que la infanta «no tiene nada que ver» en las supuestas irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos recabados por el Instituto Nóos.
La abogacía de Baleares coincide con la Fiscalía
Del mismo modo, la abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares se ha opuesto a que se cite como imputada a la infanta, ya que considera que no hay indicios de que haya participado en nada ilícito relacionado con su marido, Iñaki Urdangarin.
Según han informado fuentes del Ejecutivo balear, la abogacía ha remitido al juez del caso Palma Arena, José Castro, un escrito negándose a la pretensión del sindicato Manos Limpias de que se cite a la infanta para que responda sobre la investigación del supuesto desvío de dinero público al Instituto Nóos, que presidió Urdangarin.
En el escrito, la abogacía, personada en el caso Palma Arena como acusación particular, estima que no existen indicios incriminatorios contra la infanta que justifiquen su citación como imputada.