El Consell Consultiu ha dado parcialmente la razón al Govern que reclama a una entidad propietaria de terrenos expropiados por las obras de la carretera Eivissa-Sant Antoni la devolución de 119.258 euros que le fueron depositados en 2004 en concepto de depósito previo por la ocupación urgente de su finca.
El dictamen del órgano consultivo explica que el Govern basa su reclamación en «un error» ya que el pago corresponde a una expropiación que finalmente no se materializó, con lo cuál, con el depósito previo se abonaron unos terrenos que finalmente no fueron ocupados.
En este sentido, señala que se pagaron 1.324 metros cuadrados de terreno urbano cuando la parcela realmente afectada son unos 532 metros cuadrados de otros propietarios que cobraron, de común acuerdo con la administración, 79.8000 euros.
Según el Govern, se produjo una «errónea atribución de la titularidad» de los terrenos, por lo que ahora pide la nulidad del acta de expropiación.
El Consell Consultiu acepta parcialmente la nulidad que pide el Govern y que «afecta únicamente a los 532 metros cuadrados expropiados y ocupados, jurídica y materialmente».
Por ello, emite este dictamen sin perjuicio de otras acciones que pueda llevar a cabo la administración balear «contra el beneficio obtenido» por la otra entidad propietaria de la finca que si bien fue ocupada jurídicamente no fue expropiada materialmente.
Este caso se enmarca en una serie de errores revelados por la auditoría de las carreteras. Según estas investigaciones, el Govern balear ha comunicado a propietarios de 24 fincas la posibilidad de devolverles sus tierras a cambio que retornen el dinero porque, al parecer, su expropiación fue errónea o «innecesaria».