El coste del actual equipo de gobierno de Sant Antoni y de sus cargos de confianza seguirá siendo mucho más caro que el anterior a pesar de la anunciada reducción salarial que afectará a la alcaldesa Pepita Guitérrez, a todos los concejales y a los funcionarios del grupo A (licenciados y diplomados), que suman unos quince trabajadores del Consistorio.
La medida forma parte del plan de ajuste a diez años con el que prevé ahorrar 10,5 millones y demostrar así al Gobierno central que podrá hacer frente al crédito ICO solicitado para pagar los 7,1 millones que adeuda a sus proveedores.
La rebaja de sueldos será de un 2% y permitirá ahorrar 91.000 euros al año en el capítulo de gastos de personal. Aún así, el actual equipo de gobierno y sus cargos de confianza seguirán saliendo casi 100.000 euros más caros a las arcas municipales que los ediles de José Sala. Esto ocurre porque al inicio de legislatura su coste se disparó un 96% hasta alcanzar los 384.000 euros anuales tanto por un aumento de concejales (de ocho a once) como por el incremento de dedicaciones y exclusivas y parciales que perciben los mismos.
El ahorro previsto
En total, el equipo de Gutiérrez cuesta 496.007 euros anuales si se suman a los concejales los tres cargos de confianza de la institución [112.007 euros]. Una cantidad a la que un ahorro de 91.000 euros aún deja muy lejos de los 308.207 euros que costaba el gobierno de Sala si se suma lo que cobraban los ediles, 196.200 euros, y los cargos de confianza, 112.007.
La diferencia entre ambos equipos arroja un total de 187.800 euros. Por ello, si a esta cifra se le resta el ahorro de 91.000 euros, el actual gobierno todavía se sitúa 96.800 euros por delante del anterior.
El concejal de Hacienda, Vicent Ribas, no pudo ayer cotejar estas cifras por ser fin de semana, aunque señaló «no tiene nada que ver» el incremento del coste del equipo de gobierno con la nueva medida del plan de ajuste. «No tiene ninguna relación causa efecto con el aumento en el coste del equipo de gobierno», indicó en principio Ribas, que finalmente reconoció que ambas cuestiones afectan igualmente a las arcas municipales. «Hombre claro, el presupuesto es el presupuesto», agregó.
«Lo único que estamos haciendo es decir las modificaciones que haremos y que nos exige el Gobierno si queremos que nos deje el dinero para pagar a los proveedores», señaló.
En esta reducción también está incluido un cuarto cargo de confianza, el gerente de la empresa municipal Obres i Serveis Sant Antoni [Ossan], cuyo salario sería similar a los cargos del Consistorio que tienen sueldos algo superiores a 30.000 euros anuales.
Ossan fue la encargada de comprar el actual edificio del Ayuntamiento y de reformar las calles del pueblo y aún debe a su principal proveedor, Melchor Mascaró, 1,4 millones. Una cantidad que, sumada a la deuda del Ayuntamiento, 5,6 millones, da como resultado 7,1 millones, el total que Sant Antoni debe a sus proveedores.
El plan de ajuste deberá ser aprobado por Madrid
El plan de ajuste enviado por Sant Antoni, al igual que el resto de los Consistorios, deberá ser aprobado por el Gobierno central para que éste pueda solicitar el crédito ICO para saldar su deuda con proveedores. En caso afirmativo, Sant Antoni, al igual que el resto de las instituciones locales, podrá acceder al dinero para saldar sus deudas a partir de mayo.