«La cultura tiene que salir del corazón y no ser una imposición»

Frente a la manifestación que, convocada por la Obra Cultural Balear (OCB) y el Consell Social de la Societat Civil de Mallorca, se celebró recientemente en Palma en defensa del catalán y con el objetivo de exigir públicamente que el Govern rectifique de su política lingüística para que el catalán siga siendo la lengua vehicular en la enseñanza y un requisito para trabajar en la administración autonómica, están las opiniones que ha recogido sobre el asunto este periódico.
La mayoría de los ciudadanos encuestados están de acuerdo con la política lingüística que está llevando a cabo el presidente del Govern José Ramón Bauzá. Muchos de ellos, afirman que una cultura, una lengua se debe cuidar, preservar, pero en ningún caso se debe imponer a nadie, menos a las personas que vienen de otros lugares a trabajar o por otros motivos y no han crecido en contacto con esta cultura. Los resultados de la encuesta ciudadana realizada en Eivissa, nada representativos, coinciden casualmente con los de la encuesta que el Instituto Balear de Estudios Sociales realizó para Última Hora y que reveló que el 63% de los ciudadanos ibicencos está a favor de la política lingüística que defiende el gobierno autonómico.
Es importante recordar que, «frente a las manifestaciones en la calle, está la manifestación silenciosa de las urnas». Así respondió el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, al ser preguntado por su valoración sobre la protesta en defensa del catalán que tuvo lugar en Palma y la que acudieron 50.000 personas según los organizadores y 20.000 según la Policía.
En el otro lado, los ciudadanos que no están de acuerdo con las decisiones que está tomando el Ejecutivo en materia lingüística y que temen que el catalán se vaya perdiendo con el paso del tiempo y políticas de este tipo.
El presidente ratificó que el Ejecutivo autonómico no modificará su política lingüística y argumentó que el PP llevaba en su programa electoral que modificaría la Ley de Función Púbica, para que el catalán pasase de ser un requisito a un mérito en la Administración, salvo excepciones, entre otras medidas.