El Govern balear del PP heredó del ejecutivo anterior una deuda reconocida con proveedores de 1.104 millones de euros, más 409 millones de euros de «facturas en los cajones» y compromisos no contabilizados de las 171 empresas y entes públicos que elevan la cifra total «muchísimo más».
Así lo ha asegurado hoy la interventora general de la Comunidad, Maria Marqués, quien ha eludido facilitar el montante global de deuda con proveedores de la Comunidad, aunque ha indicado que «los 1.104 millones eran la mínima expresión de las deudas pendientes».
Como dato demostrativo del estado en el que el nuevo Govern se encontró las arcas autonómicas, Marqués ha apuntado que a 30 de junio del año pasado había en caja 11 millones de euros, una cantidad completamente insuficiente para pagar las nóminas de los empleados públicos.
La interventora ha justificado que los responsables del nuevo ejecutivo no hicieran públicos los datos reales de deuda durante los primeros meses de gestión en la necesidad de actuar con «prudencia» en un momento en el que «la credibilidad de España estaba bajo cero».
«Cuando llegamos, la primera tarea era conseguir recursos para pagar las nóminas, porque no teníamos ni para eso», ha relatado la alta funcionaria, que ha recordado también que el equipo dirigido por el vicepresidente económico, Josep Ignasi Aguiló, tuvo que elaborar «a contrarreloj» un plan de saneamiento financiero a petición del Gobierno, entonces aún regido por el PSOE.
Según Marqués, el Ministerio de Economía pidió al Govern que no actuara como el ejecutivo de Castilla-La Mancha, en el sentido de no crear alarma sobre su situación financiera, para lo que tuvo que evitar hacer públicos datos como la deuda en facturas sin respaldo presupuestario.
«Nos estaban persiguiendo las agencias de 'rating'», ha incidido la interventora, quien ha detallado que el presidente del Govern, José Ramón Bauzá, pactó con la entonces ministra de Economía, Elena Salgado, que solo se haría pública la deuda con proveedores reconocida, es decir, los 1.104 millones de euros.
El propósito de esta ocultación a los medios de comunicación del estado financiero real de la comunidad era no perjudicar la obtención de crédito tanto de Baleares como del país. «A España en su conjunto le hacíamos daño», ha manifestado.
No obstante, Marqués ha subrayado que desde el traspaso de poderes el Govern del PP ha trabajado para reducir el déficit mediante recortes del gasto, incentivar la actividad económica y hacer frente a sus compromisos en la medida en que sus recursos se lo permiten.
«Sin lo que hacemos, que es impopular, el déficit sería mucho más del 4 %», ha recalcado la interventora general de la Comunidad autónoma