Los portavoces de los grupos Amics de la Terra y GEN-GOB en Eivissa, Hazel Morgan y Marià Marí, respectivamente, presentaron ayer en la zona de sa Sal Rossa una campaña que también se presentó simultáneamente en Mallorca y Madrid y que tiene por objeto defender la actual Ley de Costas, que el Gobierno de Mariano Rajoy ya ha anunciado que va a modificar.
La Plataforma ‘No a nuestra costa' está impulsada por las principales asociaciones ecologistas del país y cuenta, además, con cerca de un centenar de organizaciones adheridas de diversos ámbitos.
Morgan, que destacó que la plataforma cuenta con el apoyo de organizaciones como Jueces por la Democracia, asociaciones de vecinos, juristas y biólogos, entre otros, calificó la actual Ley de Costas, que data del año 1988, «como uno de los mayores logros a nivel europeo».
Platja d'en Bossa
«Aquí tenemos un ejemplo de por qué es necesario salvaguardar la Ley de Costas, ya que podría haber salvado Platja d'en Bossa», manifestó Morgan a la vez que señalaba la línea de edificaciones.
Por su parte, Marià Marí recordó que «aquí, en sa Sal Rossa, se generaron las primeras protestas» en Eivissa para preservar el territorio. «Cuando se aprobó la normativa ya se habían cometido hechos gravísimos», dijo el portavoz del GEN-GOB, a que añadió que «balearización es sinónimo de destrucción del litoral». «Lo que ahora queda es solo un reducto de lo que era Platja d'en Bossa antes de la destrucción», señaló.
Los ecologistas explicaron que la Plataforma ‘No a nuestra costa' «pretende convertirse en un movimiento ciudadano, apartidista, que sume fuerzas y voces para garantizar el uso público y libre de nuestra costa y la conservación del litoral».
Desde la plataforma señalan, además, que «la Ley de Costas salvaguarda el valor económico del litoral, ya que una costa bien conservada genera beneficios de unos 8.000 millones de euros al año y más puestos de trabajo que una costa degradada».
También consideran que esta ley «vela por la seguridad ciudadana, ya que evita que se edifique en zonas peligrosas por riesgo de inundación o temporales y también evita que se produzca una amnistía para aquellos que han dañado el litoral».