A falta de siete días para que se cumpla el décimo aniversario de entrada en vigor del impuesto sobre pernoctaciones en alojamientos turísticos, más conocido como la ecotasa, y que fue derogado en octubre de 2003, hoteleros de Balears todavía adeudan del pago de este impuesto más de 12 millones de euros (ver gráfico adjunto).
Dicho impuesto fue implantado por el Govern del Pacte de Progres (1999-2003), que presidió el socialista Francesc Antich, y derogado por el Govern del PP en la siguiente legislatura. A raíz de su derogación, los hoteleros, a través de las asociaciones de Mallorca, Menorca, Eivissa-Formentera, - iniciaron una campaña de reclamaciones judiciales para evitar su pago. Sin embargo, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) de 2006, desmontó de raíz todos sus argumentos, sumándose posteriormente un centenar de sentencias desestimatorias contra los recursos planteados por hoteleros ante el TSJB.
Sentencias
Todas las sentencias rechazaron de plano los argumentos de los hoteleros, en el sentido de que, desde la perspectiva de los hechos imponibles del IVA y de la ecotasa, no había concurrencia de doble imposición, ya que según el TJSB no se vulneraba el principio de igualdad tributaria, no era inconstitucional ni se incurría en una doble imposición.
El PP ganó las elecciones de 2003, gracias a toda la polémica que se generó con la ecotasa y la gran contestación que tuvo en el ámbito turístico balear. En octubre de 2003, el Govern aprobó su derogación, que fue ratificada por el Parlament en noviembre. Hubo empresarios, pese a las sentencias, que siguieron adelante con sus procesos de recurso para evitar el pago de la misma.
80 proyectos en las Islas
La recaudación de la ecotasa tenía como objetivo prioritario financiar proyectos turísticos en las Isla. En un principio se barajaron 80, produciéndose en 2002 y hasta mayo de 2003 diversas compras de edificios emblemáticos y fincas (Son Real, entre ellas), cuya inversión generó polémica por entender que se había pagado más de lo debido. El Pacte ejecutó inversiones por valor superior a los 30 millones de euros, gracias a la recaudación de la ecotasa, pero al ganar las elecciones el PP en 2003, hubo un cambio estratégico.
Premiado en 2002
Siete meses después de su aplicación, la British Guild of Travel Writers (BGTW) galardonó a la ecotasa en la World Travel Market de 2002, como mejor proyecto turístico internacional. Dicho premio pilló de sorpresa al Govern, más aún cuando todos los grupos turísticos europeos intentaban llegar a acuerdos con el Govern para derogarla. En la feria de Londres, el entonces conseller de Turisme, Celestí Alomar, y el ex president Francesc Antich, recibieron la felicitación del Gobierno central, que presidía Aznar.
Tarjeta verde: cuatro millones en cinco años
Michael Douglas, Claudia Schiffert y Anna Kournikova fueron algunos de los iconos mediáticos que el Govern utilizó para dar a conocer la tarjeta verde en el mercado alemán, español y británico. Se buscó la máxima promoción, pero los resultados económicos de esta iniciativa dejan mucho que desear, puesto que en los cinco años de vigencia que ha estado, solo se han podido recaudarse cerca de cuatro millones de euros.
Entró en vigor en abril de 2005 y dejó de estarlo en febrero de 2010, en el que el Govern, tras la salida de UM, decidió no seguir con este proyecto. A diferencia de la ecotasa, la tarjeta verde implicaba, en teoría, a todos los sectores turísticos de las Islas, con el fin de poder recaudar fondos para mejoras medioambientales en las Islas. Los turistas debían abonar 10 euros por cada tarjeta para poder acceder a fincas, museos y disponer de descuentos en la oferta complementaria y comercial.
El Govern logró involucrar en calidad de patronos a una docena de entidades financieras y contar con el apoyo de touroperadores alemanes y de presidentes de grupos turísticos europeos, caso de Michael Frenzel (TUI AG), así como de Thomas Cook o Alltours. Con el paso del tiempo, tras un primer ejercicio esperanzador en el que se lograron vender 307.554 tarjetas. que supuso una recaudación global de 2,4 millones de euros, en los siguientes años descendió de forma alarmante el apoyo del sector turístico, principalmente el hotelero, lo que motivó una reducción del número de tarjetas vendidas y la posterior recaudación.
Pese al esfuerzo ímprobo de sus responsables, la tarjeta verde falló de forma estrepitosa entre los residentes, que era uno de los principales objetivos del Govern para involucrar a la sociedad balear en este proyecto, de ahí que su desaparición ha pasado totalmente desapercibida, más aún cuando el Govern actual no ha querido saber nada sobre la misma.