Dos nuevas órdenes de embargo por más de un millón de euros pesan sobre Itusa y por lo tanto amenazan a las arcas municipales del Ayuntamiento de Eivissa representado en esta empresa mediante la sociedad pública Imvisa.
La alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui aseguró ayer en el pleno que las órdenes de embargo proceden de reclamaciones de Bruesa, socio privado de Vila en esta empresa mixta, formada para el desarrollo del proyecto Eivissa Centre. Una de las reclamaciones se cifra en «más de un millón de euros» y la otra es por 187.000 euros. Las mismas se sumarán a un tercer embargo por 991.648 euros al que tuvo que hacer frente Vila meses atrás.
La polémica por la empresa Itusa surgió durante el primer punto del orden del día, que en realidad trataba la desestimación del recurso de reposición interpuesto por PSOE-Pacte contra el pasado pleno extraordinario destinado a aprobar el plan de ajuste para pagar a los proveedores.
«Poca transparencia»
Para el concejal socialista Marc Costa, la organización de este pleno con solo un día de antelación y el hecho de que faltara documentación en la información entregada a PSOE-Pacte [la propuesta de acuerdo para aprobar el plan de ajuste] demuestra «la improvisación» con la que funciona el equipo de gobierno «y da la sensación de muy poca transparencia». «Las pocas cosas que se hacen, se hacen mal, como mínimo es preocupante», criticó Costa, que volvió a acusar al equipo del PP de paralizar la actividad municipal.
«Usted habla de paralización y me hace mucha gracia porque si nosotros estamos con muchas actuaciones, incluso de nuestro programa que están ralentizadas, es por la cantidad de problemas que nos han dejado: la zona azul, el Cetis, la depuradora, ses Feixes, ¿y sigo contando? la contrata de limpieza y del agua, etc», aseguró la alcaldesa, que aprovechó para reiterar que «con la auditoría de Itusa han aparecido 18 millones de euros que ha perdido a favor de la empresa privada». «¿Cómo se atreven ustedes a hablarnos de endeudamiento y transparencia? Claro que tenemos que improvisar cada día, porque cada día nos sale algo nuevo, algún marrón, alguna deuda, alguna cosa mal hecha de ustedes», se quejó la primera edil, quien agregó que además de los embargos, hasta 2016, Vila deberá hacer frente a un IVA fraccionado «de 10.000 y 15.000 euros por mes que no sabemos cómo vamos a pagar».
En la intervención de Jáuregui, la portavoz de PSOE-Pacte, Lurdes Costa, abandonó la sala para escenificar su malestar, y más tarde, a lo largo del pleno, volvió a pedir una copia de la auditoría que ya solicitó hace dos meses a fin de poder defenderse de las acusaciones de haber beneficiado a Bruesa desde el consejo de Itusa cuando era alcaldesa. Aún así, casi al final del pleno, pidió a Jáuregui «que deje de decir mentiras» acerca de que el Consistorio perdió 18 millones de euros en el proyecto Eivissa Centre ya que, según indicó, en el último consejo de administración al que asistió como alcaldesa en funciones, el pasado 20 de junio, «los activos de Itusa eran mayores que los pasivos». Porque para PSOE-Pacte, los embargos de Itusa se deben a una mala gestión del gobierno del PP.
La polémica continuará la semana que viene después de un consejo de administración que tendrá lugar el lunes «para ver cómo enfrentamos la situación», explicó Jáuregui. Asimismo, indicó que aún no ha facilitado ni a los medios ni a la oposición la auditoría debido a que letrados de instituciones supramunicipales están analizando cabe reclamar responsabilidades «penales» por la gestión de la empresa al anteriores responsables, entre ellos, Lurdes Costa.
La limpieza
Segunda prórroga forzosa para la actual contrata municipal de residuos
El equipo de gobierno aprobó ayer con el apoyo de Nov-A y la abstención de PSOE-Pacte y ExC, una nueva prórroga forzosa para que la empresa Cespa continúe prestando el servicio de limpieza y de recogida de basuras en el municipio mientras se contrata la redacción del nuevo pliego para la licitación. El concejal de Medio Ambiente, Juan Mayans, explicó que ha empezado la contratación para hacer el documento mediante el sistema de negociado sin publicidad y ya ha convocado a tres empresas para que hagan sus ofertas. Por su parte, el concejal de PSOE-Pacte Marc Costa recordó que ya había un pliego elaborado que fue retirado «con un informe de parte» y criticó que hayan pasado «diez meses» y no se haya avanzado en esta cuestión. Vicent Ferrer, el edil de ExC, también criticó que se haya contratado el informe externo para rechazar el anterior pliego y volvió a pedir que el PP aclare «cómo se contrató y cómo se pagó». Además, se quejó de que se «hayan subido las tasas de limpieza y el servicio sigue igual de mal».
Jáuregui se reunirá con Gallardón en mayo para pedirle la construcción de los nuevos juzgados
La alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui anunció ayer que el próximo 8 de mayo se reunirá con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, «para tratar el tema de los juzgados». Así lo aseguró en respuesta a una moción presentada por PSOE-Pacte para que, vía enmienda, el Consistorio inste al Gobierno central a presupuestar las obras para este año. En este sentido, la alcaldesa aseguró que intentará ser lo suficientemente «persuasiva» para lograr que incluyan el proyecto en los presupuestos y que, en caso contrario, buscará otras fórmulas para instar al Estado que acometa la obra.
Por otra parte, el equipo de gobierno rechazó la moción de PSOE-Pacte para que se construyan las viviendas de protección oficial previstas en el paseo marítimo. El concejal socialista Marc Costa recordó que el Consistorio ya cuenta con un crédito concedido de 1,6 millones para acometer la obra, que además crearía «puestos de trabajo». Por su parte, el concejal de Urbanismo, Alejandro Marí, aseguró que no acometerán la obra por «prudencia» ya que considera que el proyecto se debe replantear debido a la crisis económica y a la reciente experiencia de los pisos de Can Cantó de una sola habitación para los que no se encuentran compradores por esta característica, que también tienen una quincena de pisos proyectados en el paseo marítimo.
Por otra parte, el concejal Raimundo Prats se comprometió a estudiar la propuesta de Vicent Ferrer de ExC para que los certificados de residentes también se concedan de forma gratuita ante la decisión del Gobierno de que su presentación sea obligatoria para el descuento de viaje. Por último se aprobó el incremento de un 3,75% en la tarifa del taxi.