La alcaldesa del Ayuntamiento de Eivissa, Marienna Sánchez-Jáuregui, negó haber tenido «un cambio radical de actitud» con respecto de la viabilidad de la estación de autobuses del Cetis, tal y como le acusa la asociación de transportistas, Ibizabus, que se niega a utilizar la nueva infraestructura.
Según Jáuregui, aunque cuando tomó posesión como alcaldesa «tenía información contradictoria» sobre el Cetis, ahora cuenta con todos los informes técnicos y jurídicos que «objetivamente dicen que la estación cumple». «No es que haya cambiado de idea, era un tema muy contaminado. Por eso también pedí el informe de una persona especializada y de fuera. He querido verificar que cuando el Ayuntamiento daba un paso lo hacía con todas las garantías», agregó.
Para Jáuregui, aunque aún falten las pruebas de operatividad y la revisión de tarifas de la estación, «técnicamente los autobuses se pueden trasladar».
Evitar querellas
«Más allá de la opinión que tenga, de que me guste o no me guste, de que en la concesión creo que hay cosas rarísimas, a mí me dicen técnicamente que cumple, por tanto el Ayuntamiento no puede hacer otra cosa», destacó la alcaldesa, que señaló que si se niega a abrir la estación como quieren los transportistas, la sociedad gestora le puede interponer «una querella por prevaricación con toda la razón del mundo, porque tengo todos los informes favorables y la tengo retenida», explicó. «O por otro lado, nos pueden pedir una resolución de concesión pidiéndole responsabilidad patrimonial al Ayuntamiento», agregó, algo que no puede permitir porque «también tengo la responsabilidad de administrar bien los fondos públicos».
Tarifas y plazo
La alcaldesa coincide con el Consell en que aunque la sociedad gestora Cetis haya reducido las tarifas de 50 a 10 euros por entrada y salida de autobús, son precios que deben revisarse.
En ese sentido, explicó que incorporó esta propuesta junto a los informes técnicos enviados al Consell porque le pareció una «reducción importante». Sin embargo, señaló que será «la primera» que buscará «un acuerdo para que las tarifas sean las correctas». «Ya hubo una prueba de buena voluntad por parte de los concesionarios y ahora tenemos que sentarnos para que se haga un estudio económico», señaló.
En cuanto al plazo para el traslado de los autobuses, que fijó para el 30 de junio y que es una estimación que el Consell duda que se pueda cumplir, Jáuregui explicó que hizo esta previsión porque «pensamos que daba tiempo a hacer las cosas [pruebas con los transportistas y revisión de tarifas] de una forma lógica». Por ello, no descarta dar más margen si los motivos de más retrasos «están dentro de los límites razonables y justificados, y mirando siempre por el interés general».