El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) considera que el exconseller de Política Territorial, Miquel Ramon, se equivocó al requerir la paralización de unas obras que habían iniciado los propietarios de unos terrenos en Benirràs en 2009. Según el tribunal, el Consell debería haber esperado a que el requerimiento lo hiciera Sant Joan y, en caso de que el Ayuntamiento no hubiera actuado, sí que podría haber tomado cartas en el asunto.
Los dueños de dos parcelas en este enclave con licencia para construir otorgada por el Ayuntamiento en 2007 recurrieron ante la Justicia un requerimiento emitido el 8 de octubre de 2009 por el Consell en el que les pedía que suspendieran las obras porque la zona estaba protegida por una Norma Territorial Cautelar aprobada por la institución en 2008.
Pese a que el Consell alegó que se trataba de un documento puramente informativo, el TSJB considera que no es así porque llevaba el encabezamiento de «requerimiento» e incluía las palabras «orden de suspensión». Asimismo, el tribunal dice que se demuestra el carácter imperativo de esa orden al advertir a los propietarios de las consecuencias que podía tener su incumplimiento.
Eso sí, el tribunal no se pronuncia sobre si se podían hacer obras o no, ya que eso se tendría que dirimir en un recurso contra la orden de paralización que emitió al día siguiente el Ayuntamiento.
Los propietarios defendieron en su recurso que el Consell no tenía competencias para adoptar esa medida y alegaron que ellos tenían derecho a hacer las obras.
Un Juzgado de Palma le dio la razón al Consell en un primer momento al considerar que ese requerimiento no era tal, sino un documento informativo, pero ahora el TSJB indica que la máxima institución solo podría haber actuado en caso de que Sant Joan no lo hiciera al cabo de un plazo de tiempo. «El Consell no podía arrogarse unas competencias que no le eran propias», añade la sentencia, que declara «nulo» el requerimiento firmado por el exconseller Ramon.