El Ayuntamiento de Eivissa aprobó ayer una modificación del presupuesto actual para eliminar 1,5 millones de euros del capítulo de inversiones y destinarlos al pago de un embargo que pesa sobre la empresa mixta Iniciativas y Transformaciones Urbanas SA (ITUSA), participada por el Consistorio a través de la empresa pública Imvisa en un 75% y por Bruesa en un 25%, y creada para desarrollar el proyecto Eivissa Centre.
El embargo procede de las reclamaciones de Bruesa a Itusa por valor de 2,8 millones, correspondientes a la liquidación de la constructora por el final de obra del edificio Es Pla de Vila. Itusa le pagó con un préstamo de 1,5 millones y el resto con pagarés, de los que ahora proviene el decomiso por 1,53 millones (1,3 millones más costas e intereses), que ya ha perjudicado a las propiedades de Itusa.
Según explicó la alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui, el embargo afecta en la actualidad a siete pisos del edificio Es Pla de Vila que quedaron sin vender y a más de 50 aparcamientos de la empresa mixta. «También se han pedido embargos de bienes patrimoniales de Imvisa», reconoció al alcaldesa, pero destacó que los servicios jurídicos «están intentando defender la inembargabilidad de esos bienes» por ser patrimonio municipal.
Estos bienes son nada menos que las dos promociones de viviendas de protección oficial (VPO) de Can Cantó, una de 30 viviendas y la otra de 14. Al respecto, el concejal de Hacienda Juan Daura aseguró que las viviendas adjudicadas no se verán afectadas porque son VPO y avanzó que «se entregarán en quince días» a sus propietarios. Aún así, Daura explicó que el embargo sí «ha asustado» a compradores de los pisos de Es Pla de Vila, cuya retención se terminará cuando Vila pague el millón y medio de euros reclamado.
Además de este embargo, Itusa todavía tiene 22 pleitos interpuestos por Bruesa por otros cuatro millones de euros en actuaciones avaladas por el Consistorio a través de Imvisa, con lo cuál, la alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui, avanzó que los próximos presupuestos también «estarán condicionados en el futuro por la mala administración de fondos públicos hechos del anterior gobierno de PSOE-ExC». «En términos penales se llama malversación de fondos públicos», acusó Jáuregui.
Insolvente
Según la alcaldesa, «la situación es tan grave» que Itusa «al ser insolvente y al no poder hacer frente a este embargo iba a entrar en concurso de acreedores arrastrando a Imvisa y por tanto al Ayuntamiento». «La auditoría [de Itusa] está en un gabinete jurídico y ya se están perfilando las acciones legales», destacó la alcaldesa que explicó que ha solicitado un informe económico a la interventora para conocer cómo este embargo y los que vendrán «condicionarán los presupuestos del Ayuntamiento» así como también anunció que se elaborará un plan de pagos, porque a los otros posibles embargos hay que sumar otro desembolso por un IVA aplazado hasta 2016 de medio millón de euros. «Son fondos públicos, dinero de los ciudadanos y ciudadanas de Eivissa que pagamos con los impuestos y con las tasas, y en vez de poder dedicarlo a educación o a bienestar social, tenemos que destinarlo a evitar que embarguen el patrimonio del Ayuntamiento», se quejó Jáuregui.
Sin plan de embellecimiento
En concreto, la modificación presupuestaria elimina 1,5 millones de los 4,2 que había previsto para inversiones. Se suprime el plan de embellecimiento, al que se iba a destinar un millón de euros, cien mil euros para instalaciones deportivas, que se quedan con una partida de 150.000 euros; 110.000 euros del plan de movilidad, que queda con 90.000 euros, así como también se quitan inversiones para el edificio Cetis por 50.000 euros, que queda en 100.000 euros. Por último, la partida para cementerios pasa de 220.000 euros a 70.000 euros y la inversión en patrimonio histórico baja 100.000 euros y se queda con un presupuesto de 25.000 euros.
La alcaldesa recordó que el proyecto Eivissa Centre iba a tener un «riesgo máximo de 2,4 millones» pero que «por incumplimientos contractuales y por dejación de funciones del consejo de administración, presidido por Lurdes Costa, ya ha costado al Ayuntamiento 19.825.497 euros». «Estamos hablando de casi 20 millones de euros», criticó.