El Govern dio ayer otro paso para desarrollar sus planes para reordenar el funcionamiento de la Administración. El funcionariado está en su punto de mira.
Una instrucción detalla cómo se regula la prolongación del horario laborar y las medidas concretas a quienes incumplan la jornada laboral que pasará de 35 a 37,5 horas semanales a partir del 1 de julio.
La instrucción, de la Conselleria d'Administracions Públiques estipula la obligatoriedad de controlar las entradas y salidas del personal, para garantizar el cumplimiento del horario laboral. Es una consecuencia del artículo 3 del Decreto ley 5/2012, de 1 de junio, de medidas urgentes en materia de personal y administrativas para la reducción del déficit público y establece que a partir del 1 de julio la jornada general de trabajo para el personal funcionario, laboral y al servicio del sector público instrumental, será de 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, sin perjuicio de la existencia de jornadas especiales.
Verificación
La instrucción determina que cada conselleria tendrá que verificar el cumplimiento de la jornada y el horario mediante «tarjeta, huella digital u otros sistemas de tipo informático» y hasta que estos sistemas no estén implantados «habrá que hacer el control mediante una hoja de firmas».
Mensualmente, se elaborará un informe de incidencias de incumplimientos que servirá al empleado para poder justificarlos, en un plazo de 5 días hábiles.
Si no se justifican, se propondrá la deducción proporcional de retribuciones, «sin perjuicio de la incoación de un expediente disciplinario si procede».