El equipo de gobierno del Consell aprobó ayer, con las abstenciones de PSOE-Pacte, la desviación de 685.386,92 euros del consorcio de Mobilitat y un total de 699.511,72 euros de Patrimoni de la Humanitat para cubrir los gastos del consorcio sociosanitario hasta final de año. El conseller de Economia, Álex Minchiotti, destacó que con estas dos aportaciones, sumadas a la modificación de crédito de 467.000 euros, se cubre el importe de 1,7 millones de euros que el pleno de agosto aprobó que estarían destinados al consorcio sociosanitario. Asimismo señaló que no afectarán al funcionamiento de los consorcios de Mobilitat y Patrimoni (afirmó que el año que viene el primero tendrá un prespuesto de 1,3 millones de euros).
Las críticas
La consellera del grupo PSOE-Pacte, Patricia Abascal, criticó duramente esta decisión y reclamó que el equipo de gobierno de Vicent Serra exiga al Govern la firma de los convenios pendientes así como los seis millones de euros que, según explicó, harían falta para cubrir los gastos de las residencias. Afirmó también que tendría el voto de la oposición en el Consell y en el Parlament si decidieran presentar una proposición no de ley para que el Govern se comprometa a pagar.
El pleno del Consell aprobó, con los votos en contra de la oposición, el inicio de los trámites de la disolución del consorcio sociosanitario de Eivissa, entidad formada por Govern y Consell que gestiona las residencias. Una decisión que, según expresó la consellera de Benestar Social, Mercedes Prats, es «reversible». «Estamos esperando a que el Govern manifieste su voluntad de hacerse cargo de la dependencia. Tenemos claro que los recursos actuales son claramente insuficientes para hacer frente a los gastos», explicó Prats, quien recordó que el Consell ha hecho aportaciones económicas por valor de 3,8 millones de euros para mantenerlo y que trabajan para buscar alternativa. Afirmó, además, que se trata de un acto «valiente y responsable». La consellera de Benestar Social puntualizó que con esta decisión «cumplen la ley» porque el Consell no tiene la transferencia de la dependencia. A este respecto, Abascal le respondió: «Las competencias en gestión, tal y como se establece en la ley de servicios sociales, son de los consells. Si su modelo de gestión es la privatización, dígalo. Se han precipitado en disolver el consorcio porque quieren quitarse un problema de encima», expresó Abascal, quien preguntó que pasará con las residencias a partir del 1 de enero. A este respecto, Prats expresó que las desviaciones de dinero de Patrimoni y Mobilitat «aseguran» las nóminas de los trabajadores en diciembre y los pagos a proveedores y transmitió un mensaje «de tranquilidad a todo el mundo».
Sobre la posibilidad de la privatización de las residencias a partir de enero, Serra aclaró: «A pesar de que la oposición insista en esto a mí no me consta que el Govern se esté planteando la privatización».