El conseller de Salut, Família i Benestar Social, Antoni Mesquida, participó ayer en Madrid en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en la que se aprobó el proyecto de orden que establece los requisitos de los convenios por los que los inmigrantes irregulares tendrán que pagar para ser atendidos en la sanidad pública.
La contraprestación económica a abonar será de 710,40 euros anuales para los menores de 65 años -excepto los menores de edad que cuentan con toda la atención gratuita- y de 1.864,80 euros anuales para los mayores de 65 años.
Mesquida, que afirmó que se había tratado de una reunión con temas «técnicos», destacó el hecho de que se haya aprobado la creación de la Red de Agencias de Tecnologías Sanitarias, que permitirá la actualización permanente de la cartera de servicios. También se acordó la creación de grupos de trabajo para desarrollar una plataforma de compras centralizada.
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