Los cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas así como miles de viviendas asentadas en suelo de dominio público marítimo terrestre se salvarán de la demolición durante 75 años más, al haberse aprobado hoy en Consejo de Ministros un proyecto de ley que reforma la actual Ley de Costas.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado en rueda de prensa que la norma anterior, de hace 24 años, no ha cumplido «debidamente» sus objetivos de protección del litoral y del medio ambiente y ha creado «inseguridad jurídica».
En esta nueva legislación, Formentera tendrá un deslinde especial por su configuración geológica, y se excluye del dominio las dunas artificiales y las muertas, y también se exime a las salinas.
La reforma está encaminada a proteger nuestra riqueza medioambiental, librar al litoral de atrocidades urbanísticas y además ha destacado que la Comisión Europea ha valorado muy positivamente este nuevo texto.
Se estima que hay unas 10.000 viviendas construidas en dominio público, la mayoría con un derecho anterior a la Ley de Costas de 1988. En 2018 expirarían las primeras 1.100 concesiones, lo que obligaría a su demolición si no fuera por esta reforma.
La nueva norma, ha asegurado por su parte el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, beneficia a quienes estaban legítimamente en la costa, pero «no es una amnistía de situaciones ilegales».
El proyecto, valorado por la Comisión Europea por la seguridad jurídica que da a los propietarios extranjeros pero criticada por las ONG, amplía las concesiones a otros 75 años más a todas aquellas propiedades ya construidas (casas, restaurantes, hoteles..) que se encuentran situadas en suelo de dominio público marítimo terrestre.
Para los chiringuitos de playa desmontables la autorización será de 4 años cuando antes era solo de 1.
Se estima que solo en Andalucía, tanto los fijos como los desmontables generan más de 40.000 empleos
La anterior ley expropió a todos estos propietarios sus posesiones al fijar unas nuevas lindes; a cambio les otorgó concesiones por 30 años, que iban a empezar a expirar a partir de 2018.
La nueva ley va a permitir también que los concesionarios de estas casas podrán venderlas y hacer reformas si no aumentan su actual volumen ni altura.
Así por ejemplo, y entre otras, serán beneficiados todos los propietarios, en su mayoría extranjeros, del complejo Empuriabrava (Cataluña), quienes elevaron una queja de la anterior situación ante el Parlamento Europeo.
Según Medio Ambiente, existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo, y más de 1.700 son ocupaciones industriales.
Estas industrias (químicas, extractivas, textiles, energéticas...) deberán superar un informe ambiental para prorrogar la concesión.
Entre las novedades de la futura norma destaca la llamada «cláusula antialgarrobicos», que supondrá tolerancia cero frente a las agresiones en la costa y permitirá actuar al gobierno frente a los acuerdos municipales que aprueben obras contrarias a la ley.
Otra novedad es la distinción entre playas urbanas y playas naturales, incrementando la protección de estas últimas.
También se evita que se pueda adquirir de buena fe un inmueble en la costa y descubrir después que, en realidad, no se es propietario porque el bien está afectado por el deslinde del dominio público.
Para ello se prevé la inscripción obligatoria de los bienes en el Registro de la Propiedad.
Además serán amnistiadas un total de diez barriadas históricas situadas, entre otras provincias, en Girona (Empuriabrava, Platja de Aro), Huelva (Ría Punta Umbría), Alicante (Rocafel, Puerto de Santa Pola), Valencia (Oliva) y Málaga (El Palo y Pedregalejo).