El sector privado de las residencias para mayores y los centros de día no es el único que está agobiado por la deuda cada vez mayor que acumulan ciertas comunidades autónomas en el pago de las plazas que tienen concertadas para beneficiarios de la ley de dependencia. En seis regiones el nivel de deuda es «crítico» también con las ONG, organizaciones religiosas y entidades sociales que atienen a los mayores.
Así lo explica el último informe de Lares Federación, que sitúa a Andalucía, Balears, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Murcia y Canarias entre las morosas que están generando mayores problemas a este sector de la atención a personas que no pueden valerse por sí mismas. No obstante, sólo Galicia, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón, Extremadura y Madrid están al corriente de los pagos.
La deuda de Eivissa
En Balears, el gobierno regional tiene una deuda con Lares de 340.000 euros, correspondientes a las 30 plazas concertadas en la Residencia Reina Sofía de Eivissa durante el 2011 y hasta septiembre del 2012, que sobrevive gracias al pago regular de las plazas privadas. No obstante, «la amortización de la deuda puede provocar un hundimiento de la residencia», conforme advierte el informe.
La peor situación es la de la Comunidad Valenciana. La Generalitat debe 15,5 millones de euros a las entidades sociales que gestionan las residencias y presenta retrasos en los pagos de 12 meses. Lares ha llevado a cabo movilizaciones y concentraciones para reclamar el pago de la deuda y, en la actualidad, reclama a la Consejería de Justicía i Benestar Social que equipare los precios que paga por plaza al sector privado con los que abona al sector social, que llegan a percibir hasta 14 euros menos al día por dar los mismos servicios.
En el caso de Andalucía, la deuda asciende a nueve millones de euros, los pagos han pasado a hacerse de 30 a 90 días y se ha anunciado una bajada del 12 por ciento en el precio de las plazas concertadas aunque según Lares ya están por debajo de los costes reales. Como principal consecuencia, las residencias del Tercer Sector están experimentando retraso en los pagos a los proveedores y hasta en las nóminas de sus empleados.
Castilla-La Mancha no tiene mejor situación. La Administración debe todo el año 2012 en convenios y 6 meses de conciertos. En cuanto a la Región de Murcia, debe al Tercer Sector que gestiona las residencias hasta 3 millones de euros, la Administración paga a 90 días, se están produciendo retrasos en el pago de proveedores y en las nóminas, se da la imposibilidad de abonar horas extra a los trabajadores y las entidades están recurriendo a pólizas de crédito para encontrar financiación.