Los transportistas de la Isla, agrupados en la asociación Ibizabús, acusaron ayer a la sociedad gestora del Cetis de interponer un recurso contencioso administrativo para «condicionar a la administración». «Esta gente siempre ha tenido un grado alto de soberbia, y esto es una muestra más de ello», aseguró el portavoz de los transportistas Javier Luquin, quien sin embargo prefirió dar vuelta a la tortilla y esperar que esta demanda judicial sirva para que «se depuren cuantas responsabilidades haya en esta concesión secreta y oculta». «Quizás sea bueno abrir el melón y para saber qué se hizo bien y qué se hizo mal», agregó.
Así reaccionó ayer uno de los representantes de los concesionarios de las líneas de autobuses, que se niegan a trasladarse a la nueva estación de Vila, cuyo retraso de 18 meses en su apertura ha llevado a la sociedad gestora del Cetis a pedir al juez que ordene abrir la estación, desaloje el edificio de la Policía Local y a reclamar al Ayuntamiento de Eivissa daños y perjuicios por 16,3 millones de euros.
Para Luquin, la demanda judicial «posiblemente sea el punto de partida para dar una solución al Cetis». «Soy partidario de que caiga en manos del juez, que marque a profesionales independientes y que lo analicen desde arriba hasta abajo», indicó, y se mostró favorable a que se investigue una concesión «en la que ha habido problemas urbanísticos, donde ahora hay una planta del parking que parece ser que no se abre porque tiene deficiencias técnicas, donde hay una estación que ha sido mal diseñada y con irregularidades, y que se tendría que haber abierto hace años pero sigue cerrada». «Al final el recurso será bueno analizarlo todo desde la A a la Z», destacó Luquin.
La oposición
Por su parte, la portavoz de PSOE-Pacte, Lurdes Costa, anunció ayer que se sumarán a la demanda que estudia interponer la concesionaria contra los actuales responsables políticos. «Veo que la empresa tiene claro hacia quién dirigir las responsabilidades y nosotros nos sumaríamos para intentar que la reclamación económica no caiga sobre los ciudadanos y la asuman aquellos que lo están paralizando», destacó Costa para quien «no se puede argumentar que no hay inactividad porque se han pedido informes que han costado un dineral al Ayuntamiento para hacerles creer que aquello está correcto» cuando si tenían los permisos y licencias «es porque estaba todo técnicamente correcto», concluyó Costa.