El arquitecto Salvador Roig, que denunció la demolición de la casa payesa de ca ses Castellones de Formentera ubicada en la parte del núcleo de Sant Ferran declarado como Bien de Interés Cultural (BIC), afirmó ayer que el gobierno de Formentera debería dimitir no sólo por el proceso de Ca ses Castellones, sino por «extender la desprotección del patrimonio en núcleos rurales tan importantes como los de Formentera». El derribo de la casa payesa se hizo para construir unos edificios que serían locales comerciales y cuya licencia fue otorgada por el gobierno del PP-GUIF-PREF del año 2005. Finalmente, estos locales se demolerán a raíz de una sentencia judicial que así lo dictaminó en febrero de 2009. En este sentido, los trabajos han empezado esta semana.
Desprotección
Roig explicó que pide la dimisión del gobierno de Formentera por el aumento de desprotección del patrimonio a raíz de un artículo que contempla un decreto ley que promulgó Antich y, a través del cual, se facultaba a los ayuntamientos a reducir los límites de protección patrimonial. «Y así lo hicieron; se ha reducido la protección del núcleo de Sant Ferran, Sant Francesc y el Pilar de la Mola». Con este decreto, según expresó Roig, se dejó fuera de protección al solar de Ca ses Castellones con la «excusa» de que se hizo para poder ejecutar la sentencia judicial de febrero de 2009. A ello hay que sumar la última ley urbanística del Govern que, según expresó el arquitecto, aumentará la desprotección del territorio.
En relación a las últimas declaraciones oficiales del Consell de Formentera que advertían sobre el coste que este derribo tendrá para los ciudadanos, Roig aclaró: «Las declaraciones que ha habido últimamente por parte de los responsables políticos de Formentera quieren desviar la atención hacia los costes que tendrá la ejecución de este derribo. Estoy de acuerdo en que tendrá un coste, pero el problema en sí está causado por la mala gestión de los políticos». Y animó a los ciudadanos de Formentera a que «exijan responsabilidades a los políticos y pidan dimisiones» porque «siempre ha sido un pueblo con una gran tradición reivindicativa». «El coste del derribo y la responsabilidad patrimonial de cinco millones de euros que reclama la promotora de los locales comerciales deberían pagarlo los políticos de su bolsillo, no los ciudadanos», expresó este arquitecto.
«La pérdida de patrimonio cultural es lo más importante»
«Los políticos y sus asesores siempre dicen que la legislación de patrimonio no está clara. La intención de la denuncia era aclarar cómo se debe aplicar la legislación de patrimonio», expresó el arquitecto Salvador Roig, quien se mostró con «cierta satisfacción» por el derribo de los edificios que sustituyeron a la antigua casa payesa de Ca ses Castellones, pero se mostró con una «profunda tristeza y desazón» porque «vivimos en unas islas y en un país donde parece que prevalecen más los intereses de los poderosos y no de las personas de la calle». Afirmó, además, que los políticos deberían dar ejemplo.