El grupo PSOE-Pacte de Vila denunció ayer que la alcaldesa Marienna Sánchez-Jáuregui lleva gastados 200.000 euros en informes externos, encargados «a medida para justificar sus políticas y actuaciones». «La mayoría de estos informes ni siquiera sirve para implantar mejoras para la ciudadanía, sino para cuestionar los proyectos del equipo de gobierno anterior, con lo cual, además de ser informes de dudosa imparcialidad, no revierten en un mejor servicio al ciudadano del municipio», critican los progresistas.
Según detalla la oposición, «los casos más sangrantes son las auditorías de Itusa e Imvisa, sociedades en vías de disolución, y que han costado 18.000 euros cada una» así como la contrata de la limpieza cuyo informe para desestimar el anterior pliego de condiciones costó 15.619 euros. Se trata de un caso «significativo» para la oposición, ya que el mismo asesor que hizo el informe (el despacho de Julio Sánchez) es ahora el adjudicatario del nuevo pliego de condiciones por el que Vila pagará 59.000 euros.
El caso del Cetis, «es también muy sorpresivo» para PSOE-Pacte, ya que «después de pedir informes a los técnicos municipales, que garantizaron la legalidad y corrección de la instalación, el PP pidió un primer informe sobre el cumplimiento de la normativa vigente a un catedrático de la Politécnica de Madrid (el coste del cual todavía no se ha hecho público) y últimamente se ha encargado un nuevo informe en relación a las tarifas que costará 18.000 euros». Según critica la oposición, «la alcaldesa todavía no ha explicado por qué necesita un informe externo si ya tiene uno hecho por los servicios económicos municipales», cuestionó PSOE-Pacte, que recordó que «dentro del capítulo de informes inservibles, la alcaldesa también pidió un informe económico sobre la contrata de aguas y que un año después de su presentación al Ayuntamiento, no fue ratificado por ningún técnico municipal, como exige la normativa».
«Derroche»
PSOE-Pacte dice tener constancia «del malestar que estas prácticas del PP de Vila están provocando en los técnicos municipales, que ven como se reducen sus sueldos mientras el Ayuntamiento derrocha el presupuesto en pedir estudios e informes con las conclusiones ya escritas en el momento de su encargo». Asimismo, entiende que determinados informes pueden estar justificados porque el Ayuntamiento no tiene especialistas en todas las materias, pero considera que en los casos antes mencionados los estudios fueron «innecesarios» porque son cuestiones sobre las que los técnicos municipales ya se han pronunciado en numerosas ocasiones».