La CEOE quiere que se amplíen 75 años más las concesiones para los puertos deportivos que son de titularidad estatal y que se estudie la posibilidad de dar el mismo trato de favor contemplado para Formentera a otras islas con una casuística parecida, como la de Tabarca (Valencia) o La Graciosa (Lanzarote).
Así lo ha manifestado a Efeverde el director adjunto del departamento de Economía de la CEOE, Rodolfo Gijón, tras explicar que estas sugerencias se las han remitido al Grupo Popular con la esperanza de que las incluyan como enmiendas al texto que reformará la actual Ley de Costas.
Según el proyecto de ley aprobado en Consejo de ministros, la futura reforma salvará de la demolición durante 75 años más a los cerca de 3.000 chiringuitos construidos en las playas españolas así como a unas 10.000 de viviendas asentadas también en suelo de dominio público marítimo terrestre.
Lo que quiere la CEOE es que esta ampliación se aplique también a los puertos deportivos de titularidad estatal.
Además y según Rodolfo Gijón, la patronal pretende que la reforma contemple la posibilidad de estudiar caso a caso para que islas de menos de 100 kilómetros cuadrados, como puede ser el caso de Tabarca o La Graciosa, pudieran beneficiarse también del trato que se dará a Formentera, que tendrá un deslinde especial por su configuración geológica.
De acuerdo con la fuente, de no contemplarse esta excepcionalidad, el pueblo de Tabarca, donde funcionan varios restaurantes y hay algunas viviendas privadas, podrían cerrarse debido a que no cumple con los límites de distancia respecto a la costa, ya que está situado a 3 millas.
Se trataría, ha indicado, de estudiar caso por caso para ver si alguno guarda similitud con Formentera y poder incluirlo también en el régimen especial.
La patronal es consciente, según Gijón, de que el primer objetivo de esta reforma debe ser la de proteger el litoral, ya que de él vive el turismo que es la primera industria nacional, un turismo cada vez más exigente y «nadie quiere tirar piedras sobre el propio tejado».
Finalmente ha considerado que la ampliación de la concesión dada a chiringuitos y viviendas por 75 años más es una «patada adelante» porque el problema volverá de nuevo en 2058, aunque ha añadido que por lo menos deja un horizonte temporal más despejado y suficientemente largo para que se puede tener un debate más sosegado.